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¿Se justifican los controles?

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En un reciente estudio publicado por la revista The Economist sobre flujos de capital, el autor concluye que es importante que los países en desarrollo establezcan controles y restricciones a este tipo de movimientos. Aunque comparto algunas de las apreciaciones que sustentan esa tesis, no hay justificación para el establecimiento de controles al capital en nuestras economías. Es cierto que los mercados de capital son sumamente volátiles y propensos a las crisis, pero en el caso de los flujos de capital, como en muchos otros, los beneficios de la liberalización se obtienen asumiendo riesgos. El autor además sostiene que la liberalización de capitales sólo puede darse cuando el país ha alcanzado ciertas condiciones institucionales y regulatorias. Por el contrario, esas condiciones sólo se alcanzan como parte del proceso de apertura y es ingenuo creer que se puede llegar a ellas de manera previa.

Una de las ideas claves del estudio consiste en establecer una diferenciación tajante entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de capitales. A partir de allí se afirma que, en el caso de los mercados de bienes y servicios, los beneficios de la liberalización son claros e indiscutibles para todos los países, por lo cual todos deberían acometer la apertura de mercados de forma inmediata. Sin embargo, afirma que no sucede lo mismo en los mercados de capitales; allí los riesgos son mayores y las crisis tienen efectos más severos. Estas diferencias justificarían la adopción de controles y restricciones a la libertad de movimientos de capitales, pero es una tesis equivocada.

Para empezar, si bien existen diferencias superficiales entre ambos tipos de mercados, ellos son en esencia lo mismo: mecanismos de intercambio entre individuos. En tal sentido, como bien dice Amartya Sen en El Desarrollo como Libertad, no necesitan justificación en términos de sus efectos. La libertad de mercados, tanto de bienes como de capitales, se justifica por el mero hecho de ser parte de la forma en que los individuos actúan libremente en comunidad.

En cuanto al caso particular de los mercados de capitales, es cierto que en ellos hay una mayor propensión a la inestabilidad que en los de bienes y servicios. Las crisis financieras de las últimas décadas así lo comprueban. Además, como bien señala el estudio, el impacto de esas crisis sobre el crecimiento es grande. Sin embargo, el intercambio global de capitales facilita que los países pobres salgan del subdesarrollo, dada su muy precaria situación interna de capital. Si lo que nos preocupa es el crecimiento y el desarrollo, restringir los mercados de capital equivale a jugar con fuego.

Lo que propone el estudio es que se impongan algunos controles hasta que la economía esté preparada para la liberalización. Pero al igual que ocurre en los mercados de bienes, una economía nunca estará preparada para la liberalización si se mantiene cerrada. Las condiciones institucionales que se prescriben como condición previa a la apertura nunca se podrán implementar en el contexto de los controles de capital. Cuando una economía controla la cuenta de capitales, ni los gobernantes ni el sector privado tienen incentivos para mejorar en materia de transparencia y claridad institucional. Sólo lo hacen cuando saben que una crisis los puede castigar. Y es ingenuo pensar en un gobernante ideal (un “déspota benévolo”, en palabras de Wicksell), ajeno a las veleidades de la política, enarbolaría la implementación de esas condiciones. Ahora bien, lo que sí pueden hacer los gobiernos para garantizar mayor estabilidad financiera es ser más responsables en el manejo fiscal. Y en una economía cerrada, en que los controles de capital impiden que los mercados castiguen la irresponsabilidad fiscal, es muy improbable que eso ocurra.

Claro que cuando los mercados castigan a un país sufre toda la economía en su conjunto; pero los culpables de tal sufrimiento no son los mercados sino los gobiernos que gastan sin control, derrochan, se endeudan e incumplen sus compromisos.

Andrés Mejía-Vergnaud es director general del Instituto Desarrollo y Libertad.

© AIPE

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