Una parte sustancial de la estructura institucional futura de la economía norteamericana se está debatiendo en el marco de los debates que ha generado la crisis económica. Aparte de la discusión acerca de los cambios que podrían o deberían producirse en el panorama impositivo o el sistema financiero, se debate también sobre el papel que el Gobierno federal norteamericano debería jugar en el sector inmobiliario, y más concretamente, en la financiación de la vivienda.
Normal, dado el nefasto desempeño que ha tenido el sector, siendo uno de los responsables principales de la crisis que todavía persiste. Así pues, ¿cuál debería ser el papel del Gobierno federal en todo esto? ¿Ha sido la crisis una demostración del fracaso de la intervención gubernamental en este ámbito? ¿O simplemente han sido políticas mal diseñadas que deben reformarse para asegurar la estabilidad y equidad del sistema?
Aunque a algunos nos parezca descabellado con la que ha caído, existen voces que proponen al Gobierno de Obama una mayor interferencia todavía en el sistema de financiación de la vivienda. No parece bastar con todo lo que se ha hecho hasta ahora, con unos resultados más que discutibles. Repasémoslo muy brevemente.
En primer lugar, el pesado intervencionismo gubernamental sobre el sector inmobiliario ha sido una de las claves del origen de la crisis subprime. Además de regulaciones como la Ley de Reinversión Comunitaria, los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac –que actuaban como compradores de hipotecas en el mercado secundario y emisoras de títulos para financiar sus propias operaciones– jugaron un importante papel en la burbuja inmobiliaria, facilitada a su vez por la política de bajos tipos de interés de Greenspan, anterior presidente de la Reserva Federal. Todo ello con el maravilloso propósito de fomentar la propiedad inmobiliaria, especialmente para aquellos con menos recursos.
La excelente gestión de Fannie y Freddie –que gozaban del respaldo implícito del Gobierno en caso de que se torcieran las cosas, de ahí que se denominen Government Sponsored Enterprises, GSEs– se puso de manifiesto cuando, para evitar su quiebra, el Gobierno las rescató y nacionalizó, suponiendo un nada despreciable coste para el bolsillo de los contribuyentes.
En segundo lugar, la Federal Housing Administration –principal avalista público de hipotecas con condiciones ventajosas– experimentó un espectacular aumento de sus competencias y papel en la concesión de hipotecas en los últimos años, con el fin de estabilizar el mercado inmobiliario. Los resultados tampoco parecen muy alentadores, como avanzábamos desde estas páginas.
Y en tercer lugar, los intentos de reavivar el sector mediante subsidios fiscales a la compra de viviendas, cuyo fracaso se ha hecho patente recientemente. Lo que demuestra que nada de lo anterior –añadiendo la agresiva política monetaria de Bernanke y otros programas de ayudas a la compra de vivienda– ha servido para poner fin al ajuste del sector inmobiliario y conseguir su estabilización.
Todo esto, sin embargo, no ha hecho perder la fe en la intervención gubernamental para mejorar los resultados de un hipotético mercado inmobiliario libre. Yo pensaba que las personas teníamos cierta capacidad de aprendizaje de los errores pasados. Quizá esto no se aplique a determinados burócratas y políticos.