Hace un año, Kofi Annan disolvió bajo presión la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, después de que ésta se desacreditase repetidamente, llegando a elegir un presidente libio. Su sucesora –el Consejo de Derechos Humanos de la ONU– está demostrando ser aún peor.
El Consejo celebró su primer aniversario en Ginebra, Suiza, adoptando una agenda que supone una afrenta al mundo civilizado. Ha abandonado la labor de investigar las violaciones de derechos humanos en las brutales dictaduras de Bielorrusia y Cuba para centrar en su lugar su atención únicamente en Israel. También informa por escrito de un nuevo "código de conducta" con el que los demás investigadores de derechos humanos van a ser así atados corto: el recién adoptado Código de Conducta afirma que el fracaso a la hora de no ejercer "la contención", "la moderación" y "la discreción" será motivo de despido.
La Asamblea General de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos sin especificar ningún criterio de ingreso, como, sin ir más lejos, respetar los derechos humanos. El Consejo abarca ya a países como Angola, Azerbaiyán, China, Cuba, Egipto, Qatar, Rusia o Arabia Saudí. Según el baremo de la Freedom House, menos de la mitad de sus miembros son democracias plenas. Y después de la exitosa apuesta de los bloques regionales por asumir el control dentro del Consejo, la Organización de la Conferencia Islámica lo domina hoy.
El resultado es la aniquilación de un sistema de derechos humanos construido a lo largo de décadas, que se ha sustituido con una obsesión intensa contra Israel. Este país ha sido objeto de tres sesiones especiales, se la ha señalado en el 75% de las resoluciones referidas a un único país y continuará siendo rutinariamente condenado hasta que los países miembros del Consejo decidan que "la ocupación" ha terminado, una ocupación que muchos de ellos piensan que comenzó con la propia creación de Israel.
Mientras tanto, existe un ensordecedor silencio en torno a los demás 190 miembros de la ONU, con señales que apuntan a que las investigaciones de los restantes países terminarán pronto. Hubo unas cuantas resoluciones que instaban a mayor cooperación con Sudán. Otra resolución sobre la libertad de expresión y opinión que se había convertido en un clásico de la Comisión desde 1985, no fue aprobada por el Consejo. La descarriló el Grupo de Estados Árabes.
En cambio, el Consejo sí adoptó una resolución titulada "Combatir la difamación de religiones", en la que afirma que la libertad de expresión "debe ejercerse con responsabilidad" y tiene que ser limitada para proteger "el orden público, la salud pública o la moralidad y el respeto a las tradiciones y creencias". La única religión que menciona es el islam.
Con sus actas traducidas y difundidas en Internet, el Consejo ahora sirve como plataforma de simpatizantes de los terroristas. La semana pasada, Argelia calificó la violencia de los palestinos como un "medio legítimo de liberarse" y, en un intento de protegerse de la acusación de discriminación a Israel, dijo que "el antisemitismo no es el privilegio de un grupo reducido... los árabes también son víctimas de este tipo de prejuicio". En lo que se refiere a Sudán, el Consejo esperó primero seis meses para después decidirse a iniciar otra misión de investigación de la ONU. Cuando Sudán se negó a dejar entrar en el país a los inspectores de derechos humanos, el Consejo creó un "grupo de expertos" que se quedó en Ginebra para revisar documentos de la propia ONU. Luego le dieron al grupo seis meses más. Mientras tanto, en Darfur, 2 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares y hasta 400.000 han muerto.
El Consejo obligará a cada miembro de la ONU a someterse a "un examen periódico universal". Pero resulta que los inspectores incluyen a los violadores de los derechos humanos dentro del Consejo, y los exámenes tendrán lugar una sola vez cada cuatro años. Además, las inspecciones se realizará según unas directrices en las que se especifica que "se deben tomar en cuenta los rasgos específicos de los países" y que "se deben llevar a cabo de una manera... no politizada y no enfrentada" y "no sobrecargar abiertamente al Estado en cuestión".
El primer año de Consejo se cerró con la elaboración de un nuevo método para nombrar inspectores de derechos humanos de la ONU "independientes". De ahora en adelante, los va a elegir directamente el Consejo. Las nuevas normas de gobierno también reducen la autoridad del inspector para llamar la atención sobre casos individuales o realizar llamamientos urgentes a la acción.
John Bolton, el entonces embajador norteamericano ante la ONU, vio venir todo esto hace un año. Aconsejó votar en contra de la creación del Consejo y en contra de que Estados Unidos solicitara ingresar en él (el Gobierno siguió su consejo). Su intuición ha demostrado ya haber dado en la diana. También Canadá merece que se le reconozca su mérito, después de que recientemente exigiera al Consejo que votase sus planes para los próximos años. El presidente del Consejo, Luis Alfonso d'Alba, de México, bloqueó el esfuerzo canadiense. La solicitud de una votación fue entonces descartada mediante votación, 46 a 1.
La lección política que se puede extraer es que Estados Unidos y Canadá no tienen poder para presionar al Consejo para que proteja los derechos humanos, y la Unión Europea prefiere esconder su propia debilidad y sacrificar a Israel a cambio de unirse al consenso. Esto proporciona una fachada de credibilidad a los enemigos de los derechos humanos. También deja al contribuyente americano, que sufraga el 22% de la factura de toda esta charada, con una única opción: dejar de financiar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
