Para muchas cuestiones, la Administración pública funciona con el peculiar criterio de que "lo que no es de nadie, es del Estado". Esto es especialmente evidente en el espectro radioeléctrico, en el que todos los Gobiernos han ejercido una nacionalización de hecho y no permiten que nadie haga uso de frecuencias disponibles sin obtener su autorización ni, en numerosas ocasiones, pasar por el trámite de tener que pagar grandes cantidades de dinero.
Por mucho que la fuerza de la costumbre nos haya hecho creer que esa apropiación del espectro radioeléctrico es lógica, esto no responde a la realidad y existen posibles modelos alternativos donde prima la iniciativa privada evitando el abuso de poder por parte de los Gobiernos de todos los niveles. De hecho, lo que hacen los Estados con las frecuencias de emisión sería el equivalente a la nacionalización del aire y la imposición de cuotas y pagos a Hacienda para poder respirar.
Todo lo anterior viene a cuento por el anuncio de que el Gobierno piensa subastar espectro por 2.000 millones de euros para su uso por parte de operadores de tercera y cuarta generación (3G y 4G) de telefonía móvil. El objetivo de la venta no es favorecer una mayor liberalización del sector, algo que sería digno de aplaudir, sino reducir el déficit público al que nos han conducido las políticas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los poderes autonómicos. Uno de los efectos de esta política será que los operadores que entren en juego tendrán limitada su capacidad de reducir tarifas, puesto que sus gastos se verán incrementados por la necesidad de tener que pagar una "mordida" institucionalizada al Estado en forma de subasta.
Como resulta imposible que un Gobierno renuncie a pintar algo en la regulación del sector de la telefonía móvil, al menos debería reducir nivel de actuación y renunciar al afán recaudatorio. El Ejecutivo debería limitarse a poner el mayor número disponible de bandas de frecuencia a disposición de las operadoras que quieran entrar en el mercado y asignarlas sin cobrar nada a cambio para asegurar que entre en el sector la máxima cantidad posible de competidores. De esta manera las compañías se verían obligadas a esforzarse por dar un buen servicio y a ofrecer tarifas asequibles a la mayor parte de los ciudadanos.
Sin embargo, para el Ejecutivo de ZP no prima el interés del consumidor. Lo que busca son ingresos fáciles, aunque eso signifique una reducción artificial de la competencia y precios más altos por acceder a servicios 4G.