Los internautas españoles podemos respirar un poco más tranquilos. A pesar de los esfuerzos de Anna Birulés y Borja Adsuara y gracias a los diputados del partido que llevó a ambos personajes a sus cargos, la "autoridad competente" desparecerá de la LSSI y sólo un juez podrá ordenar el cierre de páginas web. Cabe destacar que los diputados del PP han sabido corregir en unos días uno de los grandes errores en los que se han empecinado la ministra y su mano derecha durante año y medio. Esto demuestra que ninguno de los dos ha estado dispuesto a escuchar a nadie –ni siquiera a aquellos de quienes dependía la aprobación de la Ley–, y desmonta el argumento ministerial y de ciertas asociaciones que aseguraban que quien ha querido ha participado en el proceso de elaboración.
Birulés ha recibido un varapalo de los únicos que podían dárselo con efectos reales: los diputados de su partido (grupo que cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras). Eso es bueno y debe ser aplaudido, pero no es suficiente. El mayor peligro ha sido conjurado, pero el de fondo sigue ahí. Con o sin autoridad competente, vamos a tener LSSI. Se trata de una norma que con su mera existencia indica que los legisladores no comprenden que la Red no es diferente al mundo físico y que quienes nos movemos por ella (navegando o participando en la creación y mantenimiento de sitios y páginas) no tenemos una mayor tendencia al mal que el resto de los ciudadanos. No hace falta una legislación específica para la web, tan sólo modificar algunos puntos de la existente para adaptarla a aspectos específicos de la Red.
En Tecnociencia
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro