Las amenazas contra los más elementales derechos, como el de expresión, el secreto de las comunicaciones o a la intimidad, no paran de crecen en la vieja Europa, en general, y en España en particular. Se aprueban normativas intervencionistas cuya aplicación puede suponer un serio recorte de la libertad de los usuarios de Internet, como la española LSSI o la comunitaria directiva sobre retención de datos. Otras normas en preparación, no creadas específicamente para controlar la Red, también pueden tener un efecto muy negativo sobre ésta. Es el caso del Estatuto del Periodista. Los políticos escuchan sin escandalizarse las propuestas liberticidas de organizaciones privadas como la SGAE, que propugna la creación de un totalitarismo online destinado a favorecer sus propios intereses.
Los gobiernos europeos acuden a cumbres sobre la Sociedad de la Información que suponen una vergüenza para cualquier amante de la libertad. Esto es así debido a que o bien se celebran en países con un terrible historial en materia de Derechos Civiles en el ámbito de Internet, como Túnez, o bien sirven de púlpito a dictaduras de diverso pelaje para que arremetan contra la libertad de expresión. Cierto es que dichos encuentros están organizados por una agencia especializada de una ONU que incluye en su nuevo Consejo de Derechos Humanos a tiranías como Cuba, China, Arabia Saudí, o la ya citada Túnez, todos ellos incluidos en la lista de los 15 enemigos de Internet publicada por Reporteros Sin Fronteras a finales del año pasado. La actitud de nuestros gobernantes les convierte en cómplices de todas esos sistemas autoritarios, algunos de ellos totalitarios.
Cualquier ciudadano europeo puede saber casos concretos de víctimas de la represión de la Red o de héroes por la libertad de expresión online. Nombres como el de Guillermo Fariñas, cuya huelga de hambre para pedir la libre conexión a Internet en Cuba acaba de cumplir cien días, no son necesariamente desconocidos. Lo mismo ocurre con Shi Tao, detenido por el régimen comunista chino con la complicidad de Yahoo, o Alaa, blogger detenido por la dictadura disfrazada de seudodemocracia de Hosni Mubarak. Los casos de otras personas que pasan por situaciones similares en demasiados lugares del mundo no son ningún secreto, y pueden ser conocidos por cualquier europeo bienpensante cómodamente sentado frente a su ordenador, si quisiera.
Frente a las amenazas que se ciernen sobre nosotros, internautas europeos; la complicidad, activa o pasiva, de nuestras autoridades con sistemas liberticidas en la Red y fuera de ella; la represión que sufren otros por realizar lo mismo que hago yo, escribir lo que pienso para publicarlo en la Red, o usted, leer lo que quiere; ante todo esto, ¿qué hace nuestra sociedad civil? Nada. Los ciudadanos de gran parte de la vieja Europa no hacen prácticamente nada. A lo sumo campañas muy concretas y limitadas en cuanto a quienes en ellas se implican, ajustadas a situaciones o casos muy determinados. No existen ni a nivel continental (o al menos de la Unión Europea) ni en el ámbito de cada Estado (al menos en la mayor parte de ellos) organizaciones de peso destinadas a luchar por los derechos civiles en la Red. No es de extrañar. La mayor parte de la ciudadanía no da importancia a esta cuestión.
Tal vez cuando queramos reaccionar sea demasiado tarde. De continuar así, la conciencia de que las amenazas contra nuestra intimidad o nuestra libertad de expresión son reales puede generalizarse cuando hayan pasado al estadio de realidad efectiva. La reacción en defensa de nuestra libertad puede que no llegue hasta que los Estados hayan cerrado sus mandíbulas y garras sobre Internet con excusas como la seguridad o la defensa de los derechos de autor. Entonces muchos llorarán, o puede que ni eso.