El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene prisa por comenzar a cerrar sitios de internet. La ministra González-Sinde (que por mucho que se empeñen algunos que tratan de salvar la imagen del presidente del Gobierno, no es la responsable última de los planes censores para la red) se ha mostrado "confiada" en una rápida tramitación de la Ley de Economía Sostenible que permita empezar lo antes posible a clausurar páginas web en beneficio de las grandes discográficas, las entidades de gestión de derechos de autor, numerosos artistas "de la ceja" y demás.
Tras el revuelo inicial con la popularmente mal llamada "Ley Sinde", apenas se habla ya de ella. Poco a poco el tema va pasando a segundo plano y, piano piano si va lontano; en muy poco tiempo nos encontraremos con que se ha culminado un grave atentado contra la libertad de expresión en la red. El Gobierno se siente seguro en esta cuestión. Todo parece indicar que confía en poder sacar adelante la normativa censora.
Por una parte, incluso antes de que se apruebe en España, Zapatero pretende llevar su modelo a toda la Unión Europea. El objetivo presidencial es que entre en la agenda de los Veintisiete el bloqueo (y no debería extrañar que también el cierre) de sitios web. Los "males" que se dice querer combatir con esta medida serían la pornografía infantil, el racismo y la violación de la propiedad intelectual.
Resulta lamentable que se pretenda poner en pie de igualdad la "violación de la propiedad intelectual" con el fomento del odio a otras personas o algo tan especialmente repulsivo como la pornografía infantil. Sin embargo ZP, en defensa de grupos amigos de su Gobierno, lo hace. Sabe que así será más fácil hacer aceptable un recorte de la libertad de los ciudadanos.
Por otra parte, el grupo de presión de la industria de los contenidos en Estados Unidos se muestra optimista con el futuro de sus intereses bajo el Gobierno de Zapatero. La Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) ha hecho patente su satisfacción por el hecho de que el cierre de webs en España será "rutinario y eficiente". Lo mínimo que podemos hacer es preguntarnos qué información, que no ha sido proporcionada a los ciudadanos, y qué garantías han recibido desde La Moncloa o algún ministerio.
El Gobierno español pretende imponer una censura rutinaria y eficiente en internet. Lo peor de todo es que, tras un amplio y generalizado enfado inicial, casi nadie parece dispuesto a luchar por impedirlo.