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Antonio José Chinchetru

Obama y los dominios de internet

La propuesta de Obama sería como defender que la web de Reporteros Sin Fronteras debe ser bloqueada a nivel mundial debido a que en Cuba o China no son accesibles por imposición de sus gobernantes totalitarios.

Antonio José Chinchetru
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Todas las noticias referidas a nombres de sitios web provenientes de Estados Unidos durante las últimas semanas resultan preocupantes. El bloqueo de rojadirecta.com por orden de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por un supuesto delito de distribución de material protegido con copyright pone en entredicho la confianza en el sistema de dominios genéricos a nivel mundial, hasta el punto de poner en riesgo la propia red tal y como la conocemos.

Al otorgarse a sí misma una jurisdicción universal sobre los .com, .org y similares, con independencia del lugar donde estén alojadas las páginas a las que dirigen, la Justicia estadounidense genera una inseguridad jurídica en el resto del mundo. Quien gane en otro país un juicio referido a una web con este tipo de dirección, puede verse afectado por un bloqueo cautelar como el sufrido por Roja Directa y tener que enfrentarse a un proceso judicial en Estados Unidos al que posiblemente no pueda hacer frente por motivos económicos o prácticos (como tener que desplazarse o pagar abogados en ese país desde otro diferente).

La otra mala noticia son las ideas del Gobierno de Obama para modificar el procedimiento de creación de nuevos dominios de primer nivel, como unos hipotéticos .car, .movie o .sex. No es una cuestión baladí, puesto que en la actualidad existen 115 propuestas distintas que están siendo evaluadas, o tienen que serlo, por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,el organismo que gestiona estas cuestiones y el reparto de IP a nivel mundial). Aunque esta organización es privada desde 2009, su junta directiva tiene como asesor a un consejo en el que están representados más de ochenta gobiernos. Ahora, los planes del inquilino de la Casa Blanca serían que cada nuevo dominio tenga que ser aprobado por los gobiernos de más de cien países para poder funcionar. El veto de uno solo sería suficiente para impedir una nueva incorporación al sistema de nombres.

Sostienen desde la Administración Obama, que no ha aclarado su postura definitiva respecto de los dominios .com y .gay, que este poder de veto gubernamental cuasi generalizado evitaría una fragmentación de la red. Según ellos, de esta manera se evitaría que un gobierno bloquee dominios "sensibles" para él (como los .gay en Irán y Arabia Saudí, entre otros países) que sí serían accesibles en el resto del mundo. No han aclarado, por supuesto, que tiene esto de beneficioso. Sería como defender que la web de Reporteros Sin Fronteras debe ser bloqueada a nivel mundial debido a que en Cuba o China no son accesibles por imposición de sus gobernantes totalitarios. En definitiva, si se van a fastidiar unos pocos, que se fastidien todos.

La idea del Gobierno norteamericano tan sólo tiene una cosa relativamente positiva. Choca con la propuesta de China y otros países de dejar el control del ICANN (y, por tanto, de determinadas cuestiones clave para el funcionamiento de la red) en manos de la ONU. Por si quedaran dudas de lo que pudiera significar esto último, tres organismos de las Naciones Unidas son los patrocinadores de la Feria de Informática de Cuba. Se trata de la Unesco, la Organización Mundial de la Salud (sí, lector, ha leído bien) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El secretario general de esta última, además, ha sido el encargado de inaugurar el evento y lo ha hecho con un elogio a la política de telecomunicaciones del castrismo. Sin una palabra, claro está, sobre las prohibiciones de conectarse a la red y al bloqueo masivo de contenidos.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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