Las ansias de poder abusar impunemente del poder en el ámbito de Internet y otras tecnologías de la comunicación no se limitan a la SGAE, aunque afortunadamente La Moncloa haya dado marcha atrás y haya eliminado gracias a la airada reacción de numerosos ciudadanos, la capacidad censora y de control que otorgaba a los Teddy Bautista boys. También está presente en los ámbitos políticos, especialmente en el viejo continente. No se trata sólo de los eurócratas, que ya han dado sobradas muestras de su desprecio por la libertad y los derechos de sus ciudadanos en lo que al mundo digital se refiere. Junto a ellos están numerosos gobiernos nacionales.
Ejemplos de ello no faltan. Los gobiernos danés e italiano han ido en materia de retención de datos mucho más allá de lo impuesto por la Unión Europea, en un caso por el tipo de información recogida y en el otro por el tiempo de almacenamiento. Mientras, el holandés pretende que las compañías de telefonía móvil almacenen los datos de localización geográfica de sus clientes a lo largo de toda la duración de cada llamada que hagan. Eso por no hablar de un Gobierno que debería, a tenor de la historia de su país en el siglo XX, tener más cuidado que ninguno a la hora de tomar cualquier medida que suponga un recorte de las libertades de sus ciudadanos o un aumento del control estatal sobre los mismos, el alemán.
Es sabido desde hace tiempo que el Ejecutivo germano tiene previsto prohibir las cuentas de correo electrónico anónimas o con datos falsos respecto a la identidad del titular. Esto llevaría al absurdo de proscribir legalmente en Alemania el uso de servicios como Gmail, Yahoo! Mail o Hotmail debido a las reales dificultades que estos y otros similares tendrían para conseguir identificar de forma correcta a cada nuevo usuario. Pero ahora, un miembro del Gobierno de Berlín ha ido un punto más allá en su afán de control e intromisión en la privacidad sin garantía alguna para los ciudadanos. El ministro de Interior, Wolfrang Schaeuble, ha propuesto instaurar la patada en la puerta digital.
Como la Corte Federal alemana declaró ilegal que la Policía pudiera entrar en secreto en los ordenadores de los ciudadanos (una potestad, por cierto, que el artículo ahora retirado del anteproyecto de reforma de la LSSI otorgaba a la SGAE), Schaeuble propone reformar la legislación para que pueda hacerlo. Alguien puede argumentar que, si se requiere una orden judicial previa, sería como las escuchas telefónicas bajo control de un tribunal, pero no es así. Es como proponer que las fuerzas de seguridad puedan registrar un domicilio privado sin que el afectado tenga conocimiento de ello. Y eso siempre y cuando en la mente de este ministro esté la necesidad de este requisito, puesto que en caso contrario sería todavía peor.
Es bastante factible que esta propuesta, realizada en el contexto de una entrevista a un medio de comunicación, no salga adelante. Otros miembros del Gobierno alemán ya han mostrado su desagrado con la misma, pero no es suficiente. Que un ministro se atreva a proponer algo que atenta tan directamente contra el derecho a la intimidad debería ser más que suficiente como para que se le destituyera del cargo o se le obligara a dimitir. Sin embargo, es probable que eso no suceda. Un buen ejemplo de cómo los políticos europeos desprecian la libertad de sus ciudadanos.
