El afán recaudatorio de los estados no tiene límite, y esto es especialmente cierto en aquellos organismos encargados precisamente de recaudar impuestos. Es tal su ansia que incluso algunos llegan a premiar a delincuentes para que les proporciones información. Parece ser que las autoridades alemanas han pagado la nada despreciable cifra de cinco millones de dólares por la información obtenida por unas personas que se "colaron" en los sistemas del banco LGT de Liechteinstein en 2002 y robaron información sobre los clientes de la entidad. La administración británica no ha sido tan generosa como la germana, pero también ha apoquinado una buena recompensa por los datos obtenidos de manera ilegal: 700.000 dólares.
Seguramente, los datos obtenidos por ambas administraciones tributarias permitan llevar a cabo inspecciones a ciudadanos de sus países que se traduzcan en ingresos para las arcas públicas superiores a las cifras pagadas a los delincuentes. Se paga a delincuentes con impuestos de los ciudadanos para poder sustraerles todavía más a estos. Al fin y al cabo, si la evasión fiscal existe es en buena medida a lo abusivo de los impuestos en un país. Desconocemos, eso sí, la legalidad del uso de la información obtenida de esta manera por las autoridades tributarias de ambos países.
Es común al derecho del mundo occidental que la información obtenida de manera ilegal no puede ser usada como prueba en un proceso judicial, claro que en este caso estamos ante inspecciones de Hacienda. Y, por desgracia, a las autoridades tributarias se les suele poner menos trabas legales en su acción que a las fuerzas de seguridad. De todos modos, Londres y Berlín han pagado por una información obtenida mediante un delito. Si un ciudadano compra algo que sabe que ha sido robado está violando la ley, pero se ve que si lo hace el Gobierno eso no importa.
En su afán recaudatorio, las autoridades británicas y alemanas han dado incentivos a la delincuencia cibernética. Han enseñado que ciertas actividades ilegales no sólo no van a ser perseguidas, sino premiadas con toneladas de dinero público. Estos dos países europeos han dado el primer paso para la creación de unas modernas patentes de corso en las que vulgares delincuentes se transforman en corsarios cibernéticos al sueldo de los estados. Ya tenemos dos gobiernos europeos como protectores y promotores de la delincuencia cibernética. Esperemos que no cunda el ejemplo.
