Si tienes entre 12 y 25 años y vives en Francia, estás de suerte. La Comisión Europea ha autorizado a Nicolás Sarkozy a que te regale 25 euros destinados a comprar canciones por internet. El sistema será muy simple. Durante dos ejercicios consecutivos cada persona que esté dentro de la franja de edad antes citada puede comprar una tarjeta de prepago de validez anual por valor de 50 euros pagando sólo la mitad de esta cantidad. El resto de su coste lo pone el Estado.
Tanto los eurócratas como el Gobierno de Sarkozy sostienen que se trata de una medida que ayudará a combatir las descargas "ilegales" y permitirá que los jóvenes puedan acceder a música más barata de lo que les cuesta normalmente. Dicho así puede sonar aceptable para muchos; pero no lo es tanto. Para empezar, los millones de euros que esto puede suponer para las arcas del Estado francés tienen que salir de algún sitio. Y dicho lugar no es otro que las cuentas corrientes de los ciudadanos a través de los impuestos. Pero hay algo todavía peor.
Por mucho que las autoridades francesas y europeas quieran hacer creer que esta medida está destinada a favorecer a los jóvenes, ellos no son los principales beneficiados por este nuevo saqueo a las cuentas públicas. Quienes mayores provecho van a sacar de estas subvenciones son quienes viven del negocio de vender música, desde los intérpretes hasta las grandes discográficas, pasando por las tiendas de música online que participan en este "invento".
Si quisiéramos creer en la bondad de los gobernantes, pensaríamos que es sólo una casualidad que entre los muchos beneficiarios de las subvenciones estén la esposa de Sarkozy y cantante Carla Bruni (aunque, reconozcámoslo, podemos decir a favor de ella que los ingresos de sus discos los dedica a causas benéficas), así como la discográfica con la que trabaja. Si deseáramos confiar en que quienes ejercen el poder nunca tienen en cuenta sus propios intereses, los de su familia y los de los sectores económicos con los que se relacionan, sostendríamos que la defensa a ultranza de los intereses de la industria musical que ejerce el Ejecutivo francés se debe al convencimiento de que es lo que se debe hacer. Por desgracia, nuestra opinión no es esa.
Pero incluso aunque creyéramos en esa bondad, los ciudadanos no tienen por qué mantener con sus impuestos a un sector musical que no sabe adaptarse a internet.