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Antonio José Chinchetru

Una propuesta de canon

Puesto que se trata de una, al menos en teoría, "compensación por copia privada" y no de un modo de reparar las pérdidas causadas por la piratería o el P2P, lo lógico es que pagaran sólo quienes van a realizar dichas copias reconocidas en la ley.

Antonio José Chinchetru
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Una vez más los contendientes se ven la cara. Por una parte, las asociaciones empresariales del sector tecnológico AETIC y ASIMELEC. Por otra, ocho entidades de gestión de derechos de autor encabezadas por la SGAE. El combate es desigual, no por la fuerza de cada uno de los bandos enfrentados, sino por estar amañado en favor de uno de ellos. El resultado de las negociaciones sobre el llamado canon por copia privada será necesariamente muy favorable a las huestes de Eduardo Bautista.

El mejor final para AETIC y ASIMELEC y, de hecho, el único justo y positivo para el conjunto de los ciudadanos, sería la desaparición del canon. Este supuesto es totalmente imposible, puesto que la existencia del impuesto privado a favor de las entidades de gestión de derechos de autor está consagrada en el texto de la recientemente aprobada nueva Ley de Propiedad Intelectual. Pero ahí no queda toda la trampa. La norma jurídica prevé que, si no se alcanza un acuerdo, será el Gobierno quien decida las cantidades que tendremos que entregar contra nuestra voluntad a las entidades de derechos de autor. Los encargados de ello serían dos ministerios: Cultura e Industria, Turismo y Comercio.

Es de sobra el cariño que el ejecutivo tiene a la SGAE y similares, en especial Carmen Calvo. Bautista y compañía son conscientes de ello, lo que les permitirá negociar duro y ser muy exigentes lo que, en este caso, equivale a ser rapaces. Saben que si la decisión final quedara en manos del ejecutivo, la señora ministra de Cultura y quien sustituya a Montilla serán más proclives a escucharles a ellos que a los representantes de AETIC y ASIMELEC. Así que, ocurra lo que ocurra, y pese a la previsible defensa más que numantina de estas asociaciones empresariales, el resultado será o estará al menos próximo al que deseen las entidades de gestión.

Ante esta lamentable situación, y en vista de que nada bueno para el consumidor puede salir de ésta, nos vamos a permitir ofrecer una propuesta alternativa de canon. Cierto es que se trata de una mera idea sin posibilidades de convertirse en realidad, pues la ley es como es y lo que se va a plantear se sale de las posibilidades que permite la legislación existente. Pero siempre es positivo ofrecer alternativas menos injustas, aunque la única realmente justa sería la inexistencia del dichoso impuesto a favor de la SGAE y afines.

Puesto que se trata de una, al menos en teoría, "compensación por copia privada" y no de un modo de reparar las pérdidas causadas por la piratería o el P2P, lo lógico es que pagaran sólo quienes van a realizar dichas copias reconocidas en la ley. Con el actual sistema, pagan todos aquellos que adquieren los soportes electrónicos con independencia del uso que hagan de ellos. Eso se podría evitar si el canon se repercutiera sobre cada copia original que se vende.

De esta manera, quien tenga el mal gusto de comprar un CD de Ramoncín será el que pague por poder hacer la copia del mismo, y no quien adquiera un disco compacto para guardar las fotos de sus vacaciones. Otra ventaja es que permitiría que los ingresos de la SGAE por este concepto fueran a quienes realmente los generan. Se podría controlar la cantidad exacta generada por un artista particular, en vez de repartirse según los criterios de unos directivos de honestidad no siempre probada. Claro que tal vez por estos motivos es por los que las entidades de derechos de autor nunca han planteado esta posibilidad.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

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