Cualquier lector habitual de este espacio digital sabrá que la SGAE no es objeto de nuestras simpatías. Y lo mismo puede decirse del Ministerio de Cultura como institución –en este artículo de hace dos años explicábamos, entre otras cosas, los orígenes autoritarios de este tipo de departamentos gubernamentales– y de su actual titular como personaje público, tanto en su actual puesto como antes de ocuparlo. Sin embargo, no podemos dejar de mostrar nuestro rechazo a los ataques de denegación de servicio contra los sitios web de la entidad de derechos de autor y del Ministerio dirigido por González-Sinde.
No cabe duda de que la SGAE se ha ganado a pulso la antipatía de miles, incluso millones, de españoles. Sobran razones para ello: la actitud prepotente de muchos de sus dirigentes, que en ocasiones llegan a rozar el matonismo en sus declaraciones, su voracidad recaudatoria, el legal pero ilegítimo expolio institucionalizado que supone el canon digital y muchos motivos más. Lo mismo puede decirse del Ministerio de Cultura y de su titular. González-Sinde se ha ganado, con declaraciones y su participación en proyectos legislativos, el rechazo de quienes desean una internet libre y de todos los que se sienten perjudicados por las entidades de gestión de derechos de autor.
Sin embargo, el vandalismo no deja de ser vandalismo por mucho que se dirija contra quienes son merecedores del general rechazo y escarnio. Los abusos que, desde el poder o con su complicidad, algunos puedan cometer no justifican acciones como las sufridas por la SGAE y el Ministerio de Cultura. Un ataque de denegación de servicio es, no lo olvidemos, el equivalente en la red a una acción violenta como la ruptura de escaparates o el lanzamiento de cócteles molotov. Aunque no exista riesgo alguno para la integridad física de las personas, y a pesar de no ser delito, estamos ante un claro ejemplo de salvajismo digital que no tiene justificación alguna.
Las acciones destinadas a dejar inactivas páginas web no sólo suponen una agresión contra la propiedad ajena (en estos casos de la SGAE y Cultura), también sirven en ocasiones para cercenar la libertad de expresión. Incluso los dos organismos que han visto caídos sus sitios de internet deben poder expresar sus puntos de vista, en este caso institucionales, sobre las materias que les competen. Por mucho que no nos gusten.
Aunque compartamos su rechazo a la SGAE y a la política del Ministerio de Cultura, quienes planificaron y llevaron a cabo los ataques no merecen nuestra simpatía. Al contrario, para nosotros entran dentro de la misma categoría de enemigos de la libertad.
Y hablando de libertad, ¿se animaría alguien a poner en marcha una campaña para exigirle a Zapatero que pida la liberación del Nobel Liu Xiaobo?