Los calores de estos tórridos meses estivales han llegado al mundillo tecnológico de varias maneras. Tras la querella masiva contra miles de usuarios de redes de pares anunciada por Landwell-PwC y negada por la Policía, vino el cierre cautelar de Donkeymania.com. El último capítulo de estas burradas de verano es el protagonizado por ASIMELEC. La misma asociación que hace año y medio decía que un canon a los CD vírgenes pondría en peligro mil puestos de trabajo ha pactado con la SGAE, su antiguo enemigo, y otras entidades de gestión imponer este sobreprecio a dichos soportes digitales.
Desde el día 1 de septiembre, los consumidores van a tener que pagar un impuesto privado a la SGAE y compañía por cada CD o DVD grabable que adquieran. ASIMELEC trata de convencer a los ciudadanos de que nos ha hecho un favor, que si no fuera por el acuerdo tendríamos que pagar mucho más. La asociación nos dice que "hemos conseguido rebajas en los importes previstos en la ley en lo que implica el reconocimiento de que no todos los soportes en su totalidad se destinan a hacer copias de música e imágenes". Este argumento no es de recibo. Los únicos modos de reconocer que no todos estos discos se utilizan para hacer copias privadas son no cobrando el canon o devolviendo su importe a quien demuestre que no tenía que pagarlo. Por supuesto, esta última opción no está contemplada en el acuerdo.
Ya el concepto de compensación por copia privada (el canon no es para minimizar las pérdidas provocadas por la piratería) es absurdo. Se supone que se impone para compensar el hecho de que cada consumidor compre una única unidad de un disco o película en vez de dos por si se le pierde o estropea el original. Pero en este caso va más allá. Como no se sabe quién utiliza los CD y DVD vírgenes para este fin y quien lo hace para otras cosas –como guardar sus propias fotografías o distribuciones de Linux–,se cobra a todo el mundo. Pasa por caja quien utiliza estos soportes en los supuestos que la ley dice que hay que pagar, pero también lo hacen los demás. Ante una entidades de gestión voraces, una legislación anticuada y unos jueces que han demostrado su falta de adaptación a una sociedad cada vez más digitalizada, ASIMELEC se ha cubierto las espaldas a costa de todos los consumidores.
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