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Carta abierta al ministro de Educación

¿Alguien le puede decir al ministro que no se trata de que garantice la enseñanza en castellano sino de que se cumpla la ley?

Antonio Robles
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¡Cuánto tiempo nos llevan de ventaja los nacionalistas! ¡Ni siquiera tenemos ministros bien informados de sus propias competencias! No acaba de salir del charco de españolizar a los niños de Cataluña y declara este domingo en El Mundo que "la inmersión es correcta, lo ha dicho el Constitucional, y para mí eso es suficiente".

¿Cómo podría hacer cumplir el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Generalidad a reintroducir el castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña, si no sabe siquiera que el Tribunal Constitucional nunca ha declarado legal la inmersión?

Sr. Ministro, ríos de tinta hemos vertido para contrarrestar la propaganda nacionalista que usted ahora acaba de apuntalar. Entérese antes de hablar: ninguna sentencia del Tribunal Constitucional hasta la fecha ha avalado nunca la inmersión lingüística. Los nacionalistas se agarraron a la STS 337/1994 para acallar a las madres que se levantaron contra la inmersión a principios de los noventa. Ni la ha avalado en esta sentencia, ni en ninguna otra, pero sí la ha desautorizado en cuantas sentencias lingüísticas se han dado. Mal podría avalar la inmersión lingüística la sentencia 337/1994 del TC, cuando la causa que dio lugar a la demanda inicial fue en 1983 y aún faltaban nueve años para que se publicara el Decreto de inmersión lingüística de 1992. Por supuesto, el Tribunal Constitucional nada dice al respecto del concepto de inmersión, y cuando en un voto particular se hace referencia a ese modelo pedagógico, es para remarcar su inconstitucionalidad. Sin embargo sí hace mención, y con todo detalle, al concepto de "conjunción lingüística" o de "bilingüismo integral", introducidos por la defensa de la Generalidad a la demanda, cuyo modelo implica que catalán y castellano han de convivir como lenguas vehiculares y ninguna de ellas puede ser exclusiva ni excluyente. O sea, lo contrario de la inmersión. El Fundamento jurídico 10 de la STC 337/1994 de 23 de diciembre lo deja meridianamente claro:

"Este modelo de conjunción lingüística que inspira la Ley 7/1983, del Parlament de Cataluña es constitucionalmente legítimo en cuanto responde a un propósito de integración y cohesión social en la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea la lengua habitual de cada ciudadano. Al igual que es legítimo que el catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma".

Guiados por la mala fe, todos los gobiernos de la Generalidad han utilizado la generosidad del juicio de relevancia que hace el TC del concepto de "normalización" como un modelo equitativo o equilibrador entre las dos lenguas oficiales, para identificar torticeramente "normalización" con "inmersión". Es decir, allí donde los magistrados interpretan el concepto de normalización como una prima para recuperar al catalán de su postración histórica, los nacionalistas lo traducen como la exclusión del castellano como lengua docente. O sea, falsificaron la sentencia del TC. Lo vuelven a recordar las cinco sentencias firmes del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 y 2011, basadas a su vez en la STC sobre el Estatuto de 28 de junio de 2010:

"El catalán y el castellano no sólo son materia objeto de estudio sino lengua docente en los distintos niveles educativos". "[...] no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos" (STC 337/1994, F.10). "El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña" (STS, 16/12/2010).

Dicho de otro modo, catalán y castellano son lenguas docentes en Cataluña según las sentencias del TC y el TS, y ninguna puede ser exclusiva ni excluyente.

Si no tiene agallas para hacer cumplir las sentencias, al menos, conózcalas. Y sea consecuente. Usted prometió al llegar al cargo hacer cumplir las sentencias, después se desdijo. Todo muy coherente. El pasado 24 de septiembre votó en contra de la Proposición de Ley de Prevención y Erradicación de la Discriminación Lingüística en cualquier ámbito público, presentada en el Congreso por UPyD, y poco después declara que está contemplando la posibilidad de subvencionar a colegios privados de Cataluña para que los hijos de los padres que lo deseen puedan recibir educación también en español. Vuelta a la coherencia. Una declaración que delata en toda su crudeza la cobardía de su gobierno para hacer cumplir las sentencias del TS que obligan a la Generalidad a impartir las clases en catalán y en castellano sin parche semejante.

Le faltó tiempo a la consejera de Educación, Irene Rigau, para declarar horrorizada que el ministro quería "españolizar a los niños de Cataluña" y "politizar la escuela". Colosal la barra de la nacionalista y el coro que la siguió. Precisamente era esto lo que ha venido haciéndose en la escuela catalana desde los años ochenta y recogido en la ley de Educación de Cataluña del 2009 bajo el propósito de conseguir "una escuela catalana en lengua y contenidos". Y ella misma se ha vanagloriado mil veces de ello al verbalizar las mismas palabras de Wert: "es preciso catalanizar el sistema educativo". Con toda solemnidad lo decía así en la clausura del curso escolar 2010-2011en Barcelona: "Solo mediante la escolarización podremos realmente catalanizar, hacer miembros de pleno derecho, tener sentido de pertenencia a nuestro país, a los hijos de los que han venido de fuera".

Sr. Ministro, mil veces hemos denunciado la asimilación y el adoctrinamiento del sistema educativo catalanista, incluso lo hemos comparado despectivamente con la FEN (Formación del Espíritu Nacional) del franquismo, y viene usted, y en lugar de obligar a cumplir la ley, y a denunciar mediante la Inspección General del estado este adoctrinamiento nacionalista, nos suelta lo de querer españolizar a los alumnos de Cataluña. Supongo que ya se habrá enterado del inmenso favor que les ha hecho a los nacionalistas... Ni siquiera las explicaciones posteriores de hacer compatible las diferentes identidades les convencerá de nada. Le ha dado su carnaza, y se la han tomado con sumo gusto. Una cosa es sentirse orgulloso de ser español, y otra muy distinta utilizar la escuela para conseguirlo. En el franquismo vimos un modelo, en Cataluña hemos visto otro. Y ninguno respeta la libertad de los ciudadanos españoles.

Mire, Sr. Ministro, los ciudadanos de Cataluña estamos hasta el gorro de adoctrinamiento. La escuela no es lugar para adoctrinar a nadie, la escuela nació para ilustrar, instruir, incluso ahora que la familia falla más de lo debido, educar. El resto depende de la libertad de cada uno. Incluido el modo cómo nos sentimos españoles, catalanes o amantes de las estrellas. Allá cada cual con sus emociones.

El Mundo resaltaba en la entrevista de este domingo la última promesa del ministro: "Me comprometo a hallar una solución viable para que todo el que quiera ser educado en Cataluña con el castellano como lengua vehicular, lo pueda hacer".

¿Alguien le puede decir al ministro que no se trata de que garantice la enseñanza en castellano a los pocos padres valientes que se atreven a pedirlo, sino de que se cumpla la ley para que un derecho constitucional se pueda ejercer sin necesidad de pedirlo?

Primero no se atrevían, ahora no se enteran... o no se quieren enterar.

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