La organización del Estado autonómico no es un fin en sí mismo, sino un medio para racionalizar de la mejor manera posible la pluralidad cultural y la gestión de los intereses de los ciudadanos con el objetivo de garantizar la igualdad, la libertad y el bienestar de todos los españoles vivan donde vivan. Y en buena medida lo ha logrado.
Con el correr de los años, la descentralización del Estado no siempre ha ido seguida de la eliminación de cargos e instituciones traspasados, ni los Gobiernos autonómicos se han privado de crear otros a imagen y semejanza de los que son propios del Estado. El resultado final ha provocado redundancias, duplicidades y por lo mismo burocracia y gastos dobles o triples. Pero no sólo ha estimulado despilfarro, también ha provocado trabas administrativas a las actividades económicas originadas por la fiebre normativa de las autonomías. Esta situación tan poco propicia para la movilidad empresarial ha adquirido vida propia y ni siquiera el Estado, en manos de PP y PSOE por relevos y entregados a pactos de poder con los nacionalistas, comienza a tener capacidad presupuestaria, ni voluntad competencial para corregir estas anomalías.
En el plano económico, las grandes partidas del presupuesto no evidencian la poca incidencia que tiene el Estado en el control de la crisis y del despilfarro autonómico. Veámoslo en cifras presupuestarias desgranadas por Álvaro Anchuelo:
En 2011, el gasto consolidado previsto es de 297.425 millones. Pero de ellos 112.215 millones se gastarán en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30.474 millones en las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, 25.268 se transferirán a las Comunidades Autónomas (que, además, se llevarán el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), 14.170 se transferirán a las corporaciones locales y 12.117 a la Unión Europea. Réstense asimismo los 27.400 millones correspondientes a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos los ajustes, a los Ministerios les quedan 50.468 millones, equivalentes a solo un 5% del PIB.
Evitar duplicidades administrativas y gestionar con eficacia fueron dos principios que investigó UPyD en los estudios El gasto del Estado autonómico y en El sobrecoste de las entidades locales. Con el primero se llegó a la conclusión de que si aplicáramos criterios de eficiencia –los denominados criterios Maastricht– evitando duplicidades, redundancias y gastos prescindibles, podríamos ahorrarnos 26.000 millones de euros, prácticamente la deuda de este año; y con el segundo, podríamos llegar a los 16.000 millones de euros de ahorro sin menoscabar ni el número ni la calidad de los servicios. La primera propuesta fue llevada ya al Congreso por iniciativa de UPyD, aunque no salió adelante. Paradójicamente, sin embargo, la ha ganado a nivel mediático en la precampaña electoral de Cataluña al sumarse ya tres partidos al modelo. Entre ellos PP y PSC, aunque ninguno de ellos sea después consecuente.
Veamos el primero. Mariano Rajoy ha declarado: "No puede haber tres ventanillas para trámites similares (...) la fragmentación normativa distorsiona el mercado único español" e insta a una "revisión profunda del Estado autonómico". Pero no es consecuente. En el Parlamento vasco, el pasado jueves, en respuesta a una proposición del PP, Gorka Maneiro de UPyD defendió recibir a propósito del pacto por las políticas activas de empleo un porcentaje idéntico al resto de parados españoles. Y el PP les aconsejó: "Defiendan eso en Madrid, no aquí". O no han entendido nada o nos toman por idiotas. Gestionar con eficacia el Estado autonómico empieza por eliminar el privilegio de los cupos y las duplicidades administrativas. El PP se ha apoderado de las propuestas de UPyD, pero para hacer campaña electoral. A la hora de la verdad, dicen y hacen en cada comunidad lo mismo que dice y hace el PSOE, es decir, lo que convenga para seguir instalados en el derroche.
El PSC, a través del Montilla multifunción, también se ha apuntado a criticar las duplicidades, pero sólo para satanizar a quienes se han atrevido a proponer un Estado federal capaz de cerrar el Estado autonómico, garantizar las mismas competencias a todas las federaciones sin posibilidad de blindar privilegios como los conciertos económicos a la carta y garantizar al Estado los mecanismos que garanticen los intereses comunes de todos los españoles, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la fiscalidad.