Pocos espacios de la vida institucional de Cataluña quedan por controlar totalmente por el nacionalismo catalán en su empeño por construir un Estado propio. La Administración de Justicia es uno de ellos. Y en ello están empecinados ahora.
La Consejería de Justicia del Gobierno la Generalidad de Cataluña ha renunciado a 503 plazas de personal para la Administración de Justicia que previamente había pactado con el Estado. Eran 503 plazas de las 2.100 disponibles en el conjunto del Estado, tal como lo habían recogido los Presupuestos Generales del Estado para 2016. La comunidad autónoma más favorecida. Sin embargo, el Consejero de Justicia ha renunciado por escrito ante el Ministerio con la disculpa de que "se están acometiendo modificaciones organizativas de la oficina judicial en Cataluña que desaconsejan esta convocatoria". Las razones, según denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), son sospechosas, a juzgar por el desmantelamiento que viene padeciendo la política de personal en Cataluña, y el escaso despliegue que se está realizando de la nueva oficina judicial y los servicios comunes previstos en la LO 19/2003.
Todo hace indicar que la verdadera pretensión del Consejero de Justicia, Carles Mundó, es quitarse de encima a los funcionarios provenientes del resto del Estado. Con mucho cinismo, pues para argumentar la anulación de las oposiciones simula preocupación por la marcha de dos tercios de los que ganan las oposiciones al resto de España al cabo de dos años. Tal preocupación no cuadra nada con las declaraciones previas donde soltó con cierto tufillo a limpieza étnica: "Tres de cada cuatro opositores para ser funcionarios de Justicia que ganan la plaza en Cataluña son de otras partes de España". Le delatan los actos fallidos. Y los hechos.
No es nada nuevo, eso fue lo que se hizo muchos años atrás en Educación, y que hoy está consolidado en escuelas e institutos. Limpieza lingüística, cultural y nacional. El "hombre nuevo" de Mao aquí toma su pleno sentido en la "nación nueva", limpia de funcionarios sospechosos de no servir al nuevo Estado por el mero hecho de haber nacido en el resto de España o usar la lengua equivocada.
Y como en Educación, esas 503 plazas de oposición no ocupadas, o bien no se cubren en su totalidad o, si se hace, se cubrirán con interinos que pueden nombrar ellos, con sus criterios y sus cribas nacionalistas. Cuestan menos, y los elegidos a dedo están más acogotados por no tener plaza fija. Eso es exactamente lo que han hecho y siguen haciendo en Educación, donde hace años que no convocan oposiciones.
El desguace de la calidad de la educación pública se refleja en la desaparición de muchas plazas vacantes por jubilación, que, o bien se cubren con interinos, o simplemente son aprovechadas para hacer desaparecer la plaza y el puesto de trabajo que la cubre. La precariedad laboral, el abuso sobre estos sustitutos e interinos que no cobran complementos, ni vacaciones, y en la mayoría de los casos no sustituyen la baja hasta los 15 días, reflejan la verdadera cara antisocial de estos gobiernos secesionistas, mientras, paradójicamente (o coherentemente, vete tú a saber), muchos de ellos colaboran con el mal. Es la fiebre nacionalista: aliena, ciega, destruye la solidaridad y la lucidez.
Esa falta de lucidez impide ver que esos 503 puestos de trabajo despreciados en una sociedad asolada por el paro, es un acto político obsceno justificado en nombre de la nación. Sin contar el desprecio a los opositores, que han malgastado tiempo, dinero y esfuerzo en prepararse para nada.
Despreciar 503 puestos de trabajo en una Administración de Justicia ahogada por montañas de archivos sin informatizar, con procesos que se alargan años y con una falta de personal endémico, es un acto criminal contra la Justicia y un paraíso para los corruptos. Con suerte, serán condenados después de muertos. De hecho, Félix Millet y Jordi Pujol se resisten a dejarnos para hacerlo más evidente. ¡Buenos son ellos!