El Gobierno de la Generalitat lleva dos meses y medio maniobrando para no vacunar a gais y lesbianas incluidos en el grupo 6 de colectivos prioritarios que fijó la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial. Mientras en el resto de España dicho colectivo llega ya al 80% de la vacunación, en Cataluña no roza el 15%, cifra que revela la animadversión que el Gobierno de la Generalidad tiene contra el colectivo LGTBI.
El escándalo ha llegado hasta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde la ministra de igualdad, Irene Montero, ha tuiteado: “La homofobia de la Generalitat contra el colectivo LGTBI es intolerable. No consentiremos estas prácticas, propias del odio de la ultraderecha a gais y lesbianas”. Casi al unísono, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, ha advertido de que el Gobierno de España no permitirá delitos de odio contra dicho colectivo, e insta a la Generalitat a rectificar, o que se atenga a las consecuencias.
Por su parte, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha puesto en contacto con el presidente, Pedro Sánchez, para convocar una reunión urgente del Consejo de Ministros con el objetivo de cortar de cuajo el comportamiento inconstitucional contra un colectivo tradicionalmente excluido de los derechos ciudadanos del resto de españoles. Como medida de urgencia. Y, posteriormente, poner al Ministerio del Interior al servicio de un colectivo criminalizado y perseguido en Cataluña por defender la igualdad sanitaria de todos los españoles. No descarta llevar a los tribunales a los responsables de la Generalitat por posible delito de odio, omisión a la ayuda sanitaria y prevaricación. La Constitución los ampara. No se descarta el supuesto de genocidio, ante los rasgos evidentes de querer eliminar por omisión de ayuda a un colectivo concreto.
A media mañana de hoy, dos horas después de haber saltado el escándalo a la prensa, numerosos colectivos LGTBI, organismos de derechos humanos, actores y organizaciones sindicales, las mil y una mareas de Podemos, los restos de Cs, las juventudes del PSOE y demás partidos de izquierdas, a excepción de PSC, ERC, En Comú Podem y la CUP, han convocado manifestaciones en toda España. La indignación es colectiva y general.
Un momento, por favor. El corrector de Google me acaba de advertir de que estoy equivocándome de colectivo. Me pongo en contacto con Google. Querido lector, perdone; compruebo.
Google me acaba de pegar una bronca de campeonato. “¿Es que en España os habéis vueltos todos locos? Deje la botella, y pegue y corte lo que le acabo de enviar”.
– Google: “El colectivo excluido de la vacunación es el de Policía Nacional y Guardia Civil destinado en Cataluña. Y bien merecido que se lo tienen por ejercer de fuerzas de ocupación y agredir a niños y ancianas indefensos y pacíficos por ejercer el derecho a decidir en referéndum democrático el 1 de Octubre. Que le vacune el Gobierno de España”.
– Gracias, Sr. Google, ya me parecía a mí.
Sí, queridos lectores, ya me parecía a mí que la ministra de Sanidad se haya hecho cargo de su vacunación sin decir ni pío contra los responsables de la Generalitat, ni que el ministro del Interior haya dicho esta boca es mía. Si es que se lo han buscado. Que aprendan de los Mossos d'Esquadra, ni una carga policial el 1-O y el 80% vacunados. Aunque como sigan atizando a los pacíficos incendiarios de calles y comisarías, que vigilen; la paciencia de los antifascistas tiene un límite. Por mucho que hablen catalán y sean del Barça.