Casi todos los análisis de los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas de Cataluña se han realizado desde el punto de vista partidista. Pocos se han atrevido a analizar el auge de la superioridad moral que el soberanismo ha logrado imponer después de años de escuela y medios de comunicación catalanistas.
En términos de procesos históricos, las elecciones no las perdió el PSC, ni las ganó CiU, mucho menos el PP, que ha recurrido a la euforia del record de diputados sin reparar que tuvo 27.733 votos menos de los que consiguió Vidal-Quadras en 1995. Las elecciones las perdió el Estado o, si quiere, las perdió la España constitucional de ciudadanos libres e iguales. Sería recomendable no engañarse más. Si bien los partidos expresamente independentistas (ERC, SI y RI: 360.165 votos, un 11,56%) bajan en número de votos y porcentaje respecto a las elecciones autonómicas del 2006 (entonces sólo los representaba ERC: 416.355 votos, un 14,32 %,) ganan los partidos soberanistas pacientes: CiU y ICV-EUiA que se han envalentonado, y se suman los socialcatalanistas del PSC, después de macerar durante 30 años a su militancia para entregarla definitivamente al nacionalismo. Hoy no ganarían un referéndum independentista, pero plasmado queda su triunfo moral soberanista. Todo es cuestión de tiempo, si escuela y medios siguen en manos de "los controladores".
Si sumamos a independentistas declarados (ERC, SI y RI: 11,56%) a soberanistas encubiertos (CiU y ICV-EUiA: 45,86%) y catalanistas macerados (PSC: 18,32%), el resultado no deja lugar a dudas: 2.358.521, un 75.74% de los votantes. Frente a ese bloque soberanista, sólo han sobrevivido dos partidos constitucionalistas: PPC: 384.019, (12,33 %) y C’s: 105.827 (3,40 %), un total de 489.846 (15,73%) de los votantes. Estodo lo que queda de España.
Es decir, ha ganado el catalanismo político, origen del soberanismo actual y concepto tramposo para despistar con una coartada engañosa a los responsables del Estado mientras desmoronan la soberanía nacional de manera incruenta. En las manifestaciones catalanistas de los años ochenta, los seguidores de CiU pacientemente repetían en sus círculos íntimos: "avui paciència, demà independència". La hoja de ruta estuvo hecha desde el principio. Han pasado 30 años, la excitación se acerca al climax. Ya no pueden disimular el placer y hasta Artur Mas se declara soberanista. Es verdad que hay un 40% que no ha votado, como verdad es que 500.000 de ese porcentaje abstencionista sí lo hacen en las generales. Pero hasta ahora nadie los mueve en las autonómicas. Esa es la única realidad; la abstención, con o sin voluntad, juega también a favor de la superioridad moral del soberanismo.
Habrá quien considere estas cavilaciones, alarmismo exagerado. Algunos estamos acostumbrados, pero todas y cada una de las advertencias que hemos dado desde los años ochenta se han cumplido con exactitud suiza. No hay más ciego que el que no quiere ver: a la luz de los números, los más instintivos se precipitarán a señalar el fracaso del independentismo, cuando el mal no es el independentismo declarado, sino su superioridad moral. Y es esta la que ha salido del armario y ha ganado las elecciones. La meta final sólo es cuestión de tiempo si la educación y los medios públicos de comunicación siguen en manos de quienes los usan para erosionar los lazos sentimentales con España y seguir creando generaciones de adeptos a la causa nacionalista.
No hay que engañarse; mientras en Cataluña Gobierno y oposición construyen un Estado a base de desmoronar otro, en España miran para otro lado. Mientras en Cataluña invierten millones de euros en crear una atmósfera nacionalista y revestir de soberanismo cualquier manifestación cultural, deportiva o social por nimia que sea (el Barça, las collas de castellets, las aulas de acogida para emigrantes, las excursiones infantiles, los premios literarios, la conquista del Everest, la ropa interior de fin de año, la misa de doce, o cualquier faceta imaginable de la vida), el Estado tiene abandonados a su suerte a los ciudadanos que creen en él. Con las debidas distancias, en Cataluña, España está vendida a su suerte, como vendidos hemos dejado a los saharauis. El Gobierno de la nación no tiene sentido de Estado, colabora con quien lo carcome y no invierte ni un euro en defender su existencia. Resulta esperpéntico que Rubalcaba declare ufano a propósito de la salvajada de los controladores aéreos, que "quien hecha un pulso al Estado, pierde". Pues ha de aclararnos cuándo ha metido en vereda a un Gobierno Tripartito y a un ejército de funcionarios que se declaran insumisos ante el Tribunal Constitucional e impiden el derecho a la libre elección lingüística en las escuelas de Cataluña. A este ritmo habremos de considerar declararnos minoría nacional o ciudadanos en tránsito.
Estas elecciones me han confirmado una fatalidad y me han enseñado hasta qué punto son necesarias las ideas expuestas por UPyD aunque no hayan sido votadas. Lo sabemos, como sabemos que han votado a Joan Laporta. La antítesis lo explica todo. Basta comprobar cómo la derecha mediática –de la izquierda mediática ni hablo– han preferido apoyar los intereses de clase, sean soberanistas o no (CiU, PPC y C’s), que defender al Estado. Su falta de patriotismo constitucional ha estado a la altura de su egoísmo.
Un ejemplo meridiano es el fracaso de un partido progresista como UPyD. Tuvo el valor de plantear cuestiones capitales para enderezar el rumbo de una nación quebrada económicamente por la inviabilidad de una estructura autonómica basada en duplicidades, redundancias y despilfarros injustificables y dar soluciones políticas eficientes para atajar el desmoronamiento del Estado, es decir, para defender la igualdad económica, fiscal, educativa, sanitaria y jurídica de todos los españoles, pero la apuesta fue ocultada con meditada alevosía.
Bien es cierto que la percepción interesada de que era el mismo espacio electoral que C’s, junto al temor justificado de que el corte electoral del 3% pudiera dejar sin representación a los dos partidos si se repartían los votos, decantó a los votantes potenciales de las dos formaciones, únicamente por C’s. Era evidente que no se repartirían los votos ante dicho temor. Quien saliese con ventaja en los medios acapararía la intersección común. A la luz de los resultados, el temor estaba fundamentado, pero la elección por C’s estuvo inducida por los medios. De golpe, una vez que UPyD dejó clara su determinación de ir a las elecciones autonómicas como partido nacional, una avalancha de medios, incluidos los que siempre le habían dado la espalda, promocionaron a C’s mientras ocultaban a UPyD. La encuesta de El País, el periódico que jamás había dado ni agua a C’s, otorgándole de 3 a 4 diputados y ninguno a UPyD, decidió la suerte del partido progresista, laico y nacional que representaba UPyD. Ya que no había unión, el electorado consciente no quiso arriesgar ni un voto. Nunca antes se había visto tan claramente cómo una encuesta sirve para inducir el voto, antes que plasmar tendencias. Alguien había decidido que C’s barrase el paso a UPyD. Pero esto no es lo importante, lo pertinente es saber por qué la derecha mediática se volcó con C’s y ocultó a UPyD. Nuevamente aquí, se prefería los intereses partidistas a la defensa del Estado.
Y es que UPyD pedía una reforma electoral que al PP y PSOE no le interesaba. Con ella perderían la hegemonía política. A ellos le cuesta un diputado 65.000 votos, a UPyD: 303.000 y a IU, 450.000. Los otros beneficiados, los nacionalistas, iban de los 50.000 votos que le cuesta cada diputado al PNV, a los 90.000 de ERC); exigía la devolución de las competencias de educación al Estado para salir del fracaso escolar y evitar su utilización para construir microestados, proponía cerrar el modelo territorial del Estado autonómico para evitar el chantaje permanente de los nacionalista y asegurar la igualdad de los ciudadanos, se negaba al concierto económico porque un derecho que no se puede garantizar a todos, no es un derecho, sino un privilegio; exigía la libertad de elección lingüística y el cumplimiento de la sentencia constitucional y disponía de un estudio económico para reducir el despilfarro del Estado autonómico y el sobrecoste de los entes locales que dejaría fuera del presupuesto del Estado la compraventa de votos y desmantelaría el clientelismo político de partidos y sindicatos. En fin, un sinfín de propuestas que no interesaban ni al PP, ni al PSOE ni a los nacionalistas. O sea, a los gestores actuales del poder.
Por todo ello, me impresiona menos la pérdida de 11 diputados de ERC que la incapacidad del constitucionalismo por ensanchar su espacio electoral. Si después del acoso e intento de derribo del Tribunal Constitucional, las bravatas contra el Estado y las amenazas de independencia unilateral del soberanismo catalanista, el constitucionalismo se reduce a menos de medio millón de votos, lo que nos debería preocupar es esa ínfima representación constitucional. Porque ese es el fracaso de España. O si quieren, esa es la epopeya que habrá que librar si no queremos ser los últimos de Cataluña.
Nada está perdido, porque todo está por hacer después de 30 años de dejadez. Pero para eso han de volver al Gobierno de la nación hombres de Estado. Y recuperar la educación y los medios de comunicación públicos para ponerlos al servicio de la igualdad, neutralidad y cohesión social de España. A eso se le llama pedagogía y autoestima nacional. Dicho de otro modo, lo que viene haciendo el catalanismo político desde hace treinta años en sentido contrario.