En plena dictadura franquista, el primer paso hacia la libertad de información se dio al promulgarse la Ley Fraga del 66. Con ella se daba fin a la censura previa en los medios de comunicación. Ya nadie debía pedir permiso para publicar nada, pero todos debían tener precaución al publicar todo no fuera que traspasaran los límites difusos impuestos por el régimen. Aparentemente los periodistas ganaban libertad de expresión, pero en la práctica muchos se impusieron una autocensura que, en muchas ocasiones, era peor que la propia censura previa.
En Cataluña ocurre algo parecido. Si exceptuamos los grandes medios de comunicación de masas privados, que se deben a sus respectivos intereses, los públicos están dirigidos y trabajados por periodistas que o bien comulgan con el ideario o se autocensuran para no defraudar a quienes políticamente controlan dichos medios.
Un ejemplo: el 3 de julio pasado, el jefe de programas de Radio Hospitalet, Ángel Luís León Hereza dirigía una denuncia a Clemente Murillo Benítez, presidente del Consejo de Administración de la Farga (empresa de medios de comunicación municipales), donde se denunciaba la politización de los medios de comunicación del Ayuntamiento de L’Hospitalet dominado por el Partido Socialista de Cataluña. Hace responsable de vehicular esa manipulación política a Cristina Sánchez, su directora. El control informativo "ha adquirido cotas tan alarmantes –afirma– que desvirtúan por completo el sentido de nuestra función de servicio público informativo para convertirnos en gabinete de prensa sonoro que ofrece un producto totalmente orientado". Los trabajadores, sigue, "no pueden ejercer su trabajo, se encuentran en permanente indefensión y tendencia patológica a la autocensura".
La consecuencia es "una férrea dictadura informativa de puertas adentro, una politización de las relaciones laborales causada al trasladar al ámbito laboral los mecanismos de conducta que rigen en el campo político. Es lo que ocurre en la Farga, en general, y en Ràdio L’Hospitalet, en particular, al mimetizar los hábitos políticos más deleznables".
Según el jefe de programas, el fin último del "control enfermizo de las informaciones" es "evitar que la oposición pueda aprovechar en condiciones normales de audiencia el legítimo altavoz de un medio informativo, impidiendo, por tanto, a la ciudadanía el derecho de la libertad de expresión y de comunicación".
Si sabemos esto hoy no es por lógica democrática del derecho a la libertad de expresión, sino por el heroísmo individual de un periodista digno. Excepción, rareza, he ahí el mal de un tiempo miserable. Nada que ver con un sistema político de ciudadanos libres.
El consistorio del alcalde socialista, Celestino Corbacho, prefiere matar la audiencia de Ràdio L’Hospitalet, la radio de su alcaldía, a que sus ciudadanos puedan utilizarla para el bien último por el que pagan sus impuestos: el control de quienes les gobiernan y la información libre que les hace sujetos políticos, dueños de su destino. No me extraña que pongan tanto celo en el control y distribución de las emisoras de radio.
Todo esto es tan cotidiano y tan asumido que nadie se escandaliza. Yo sí. Y me escandaliza aún más porque, a pesar de que dicha denuncia fuera hecha pública a primeros de julio, no hubiera ningún medio catalán que se hiciera eco. Esta es la omertá catalana, peor que la Ley Fraga del 66, pues aquella daba un paso de la dictadura hacia la libertad y ésta de la democracia hacia el control de los ciudadanos.