Creo imprescindible el consenso educativo, pero si no se da, sigo creyendo imprescindible la existencia de la asignatura Educación para la ciudadanía. Las razones básicas ya las publiqué en El Mundo de Catalunya el pasado 11 de marzo de 2007. El presente artículo sólo pretende rebatir uno de los muchos argumentos que se están sosteniendo contra ella.
Hay un mito pedagógico que paradójicamente ha sido y es muy utilizado a la vez por el progresismo de izquierdas y por el clericalismo de derechas, que asegura lo siguiente: "Los padres educan y la escuela forma (instruye)". Así de tajante se impone a pesar de que las evidencias empíricas nos aseguren que tal delimitación ni es cierta ni se da en la realidad. Pero pensémoslo. ¿Cuál es el fundamento para que sean los padres, y sólo los padres, los transmisores de valores a las nuevas generaciones?
No puede ser otro que el derecho natural. El Estado no le otorga tal derecho en exclusiva, la Constitución tampoco, tampoco existe consenso social que lo avale; por tanto, su "indiscutible" fundamento nace del derecho natural de los padres a educar en exclusiva a sus hijos.
Si esta hipótesis del derecho natural es cierta, ¿quiere decir entonces que sólo los padres pueden educar? ¿Quiere decir entonces que sólo los padres sabrán, podrán y querrán educar a sus hijos en la mejor dirección? ¿Cualquier valor que venga de los padres debe ser respetado? ¿También la prácticas autoritarias y machistas, la transmisión de la cultura sexual de la ablación, el abandono escolar o la incitación a la prostitución? (Pongo sal gorda para evitarles una enumeración exhaustiva e interminable.)
Como ven, por simple sentido común son difíciles de otorgar franquicias exclusivas a los padres.
Vaya por delante que no creo en el derecho natural; el derecho siempre es positivo, consensuado, apalabrado entre los hombres. Ni nace de Dios ni de la naturaleza, sino de la voluntad de los hombres. Y por lo mismo, tal fundamento es infundado o, lo que es lo mismo, todas esas preguntas, ociosas.
Ahora bien, el que no se apoye en un derecho indiscutible, no quiere decir que los padres carezcan de poderosas razones para exigir que la educación de sus hijos dependa de ellos. Y las hay, por lo que se haría difícil o imposible argumentar en contra de tales derechos, pero la cuestión es si en exclusiva, o en conjunción con otros elementos socializadores. Incluso si no fuera en exclusiva, habríamos de preguntarnos si la escuela tiene derecho a interferir o no en la educación que traen de su casa, y en qué medida.
Las evidencias nos dicen que no puede ser en exclusiva. Por dos razones fundamentales: primera, porque el Estado democrático de Derecho y el régimen constitucional que lo ampara impone leyes y normas cargadas de valores que hacen imposible la autarquía educativa de los padres. Ninguna familia vive aislada, sino en sociedad junto al resto de ciudadanos y todos deben remitirse a las reglas democráticas de juego que el sistema impone. Y, segundo, porque la realidad nunca se comporta así. Hemos visto en el pasado y comprobamos en el presente que además de la familia, el niño recibe influencias educativas del entorno sin que en ningún caso pueda cribarlas ni metabolizarlas conscientemente.
El filósofo José Antonio Marina, firme defensor de la asignatura, nos recuerda a menudo aquel adagio africano: "La educación de un niño depende de la tribu entera". Piensen en ustedes mismos, ¿de verdad creen que han sido sólo los padres los que nos han educado? De pequeños (hace 40 años, ahora ya no) si un niño en el pueblo se comportaba incorrectamente, cualquier persona mayor le reñía y daba cuenta a sus padres de las tropelías del menor. ¿Y el maestro qué hacía? ¿Sólo formar? ¿Enseñar cualquier materia embozado en un profiláctico moral? ¿Cómo se puede hacer eso? Eran los propios padres quienes inducían a sus hijos al respeto del maestro y con la autoridad intacta, eran estos maestros quienes educaban a los niños en múltiples valores: a respetar las pertenencias del compañero de pupitre, a guardar las reglas en los juegos, a llegar puntual, a callar o intervenir según el caso, a no maltratar a los animales, a razonar y reflexionar el fundamento de nuestros actos, etc., etc., etc.
¿Eso no son valores? ¿Desde cuándo la escuela no ha enseñado valores? El problema no es si la escuela puede o no enseñar valores. Lo que aquí se está dilucidando es qué valores queremos que se impartan. Porque es evidente que los padres católicos no están en contra de que se impartan valores en la escuela, al contrario, pretenden que sus valores religiosos sean obligatorios y evaluables para todos los niños. Y es aquí donde se evidencia con mayor nitidez el equívoco del problema. Esta asignatura no debe ser ni una amenaza ni un salvoconducto a creencias religiosas o ideologías políticas particulares de cada cual. Por eso también debe impartirse a todos los niños independientemente de si estudian o no la asignatura de religión.
Posiblemente no habría lugar para la controversia si los contenidos de la asignatura fueran aceptados universalmente. Pero las evidencias morales amasadas por la costumbre y el tiempo no siempre son evidentes para toda la sociedad. Lo es, por ejemplo, el derecho a la vida, pero no el derecho a una muerte digna. Ese espacio de discrepancia es lógico en tiempos tan plurales y cambiantes como el nuestro, donde los nuevos valores aún batallan por hacerse un hueco en el consenso general. Para los primeros nunca habrá problema, para los segundos deberemos aplicar la reflexión ética: no se trataría de darlos cómo códigos, sino con espacios de reflexión.
