El nacionalismo empieza a perder su impunidad. Durante los últimos 30 años ha timado a millones de españoles con el cuento del victimismo lingüístico. Mientras pedían como víctimas prebendas para su desgracia, esquilmaban como verdugos los derechos de aquellos a quienes consiguieron convencer de ser los culpables de sus desventuras. Con dos objetivos: convertir "su" lengua propia en única lengua de las instituciones e instrumentalizarla para construir una nación. Que nadie se engañe: van en serio.
Han cometido dos errores. Primero, convertir al catalán en la lengua de "su nación" en lugar de ayudarla a ser un instrumento normal de comunicación de todos los ciudadanos catalanes. Se merecía esto último la propia lengua como valor cultural en sí, pero sobre todo se lo merecían todos los que, teniéndola por propia, familiar o materna, hubieron de sufrir su exclusión durantes décadas. Pues bien, están consiguiendo lo contrario. La están convirtiendo en una lengua antipática porque quienes la han secuestrado para su causa nacional son excluyentes. Y en segundo lugar, han logrado poner en guardia a todos los españoles que tienen el castellano como idioma materno. Exactamente el 88% de los ciudadanos está de acuerdo con una ley de lenguas que garantice poder estudiar y utilizar el castellano en cualquier lugar y circunstancia del territorio nacional español.
Se acabaron las mentiras nacionalistas de que no hay padres que quieran una educación en lengua materna española. La encuesta de El Mundo de Catalunya lo ha grabado a cuatro columnas en su portada: "El 88% apoya la ley del castellano de Rajoy que no respaldó Zapatero".
Hemos debido esperar a una encuesta para resaltar la evidencia, ya que el Gobierno de la Generalitat ha incumplido las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obligaban a incluir en las hojas de inscripción de principio de curso una casilla que permita a los padres elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
Afortunadamente, los infinitos tentáculos del nacionalismo mediático e institucional no han podido amedrentar a El Mundo para que calle ante la evidencia. Nunca un ejercicio periodístico tan simple deja en evidencia a tantos medios. Mira que podrían haber preguntado a padres y alumnos o, simplemente, podrían haber visitado colegios e investigar en qué lengua se daban las clases, pero año tras año se han olvidado de investigar. ¿Para qué? ¿Para darse de bruces con lo que todos saben y callan?
Después de 27 años de resistencia, un partido con posibilidades de gobernar (PP) ha decidido plantarle cara a la exclusión y, lo que es mejor, ha invitado al otro (PSOE) a sumarse a una ley de lenguas que garantice la enseñanza en español en cualquier lugar de España. Fue en el debate del pasado lunes 3 de marzo de 2008. De él salieron dos cosas claras: si sigue el PSOE de Zapatero en el Gobierno los nacionalistas excluirán definitivamente al español de escuelas e instituciones y, si gana Mariano Rajoy, ningún español bien nacido le perdonará si no cumple con su palabra. Y no lo escribo por escribir, fue el Gobierno de Aznar donde él era ministro de Administraciones Públicas el que cerró en 1997 los dos únicos y últimos complejos escolares públicos de Cataluña donde se podía estudiar en castellano después de deshacerse de Alejo Vidal Quadras, el líder popular que había conseguido doblar los diputados del PP en el Parlament de Catalunya tomando como bandera la reivindicación lingüística y el rechazo al nacionalismo. El pacto del Majestic con los nacionalistas les llevó a perder los principios y a olvidarse de la palabra empeñada de su líder catalán, Vidal Cuadras.
En Cataluña tenemos memoria y experiencia: Sólo la presencia de C’s ha devuelto al partido popular a la senda abandonada en el 96. Por eso, Ciudadanos es más imprescindible que nunca. Si está Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ni un solo día le dejaremos de recordar al señor Rodríguez Zapatero los derechos lingüísticos de los excluidos si finalmente renueva el cargo de presidente. Y si el señor Mariano Rajoy llega a presidente de Gobierno y abandona su promesa a cambio de un pacto con los nacionalistas, no dejaremos pasar ni un solo día sin pedirle cuentas por la palabra incumplida.
Por cierto, que el Estatuto de Cataluña donde se excluye al español como lengua institucional fue votado por un 49,42% de los catalanes (ni siquiera llegó al 50% de la población); el 36% del censo votó a favor. La encuesta de SIGMA-DOS para el Mundo nos deja el contundente apoyo a la educación en lengua española del 88% de españoles. A El Mundo ahora sólo le queda hacer la misma pregunta sólo en Cataluña: "¿Apoyaría una ley para que se pueda estudiar en castellano en cualquier sitio de Cataluña?"