Nada de lo conseguido en Luxemburgo por el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, para afrontar conjuntamente con Europa el problema de la inmigración ilegal procedente de África alcanzará el objetivo anhelado.
Esto no es una crítica al señor Pérez Rubalcaba ni a su gobierno, sino una reflexión sobre las deficiencias del debate que en Europa se mantiene sobre la naturaleza y dimensión del problema. Estos párrafos también pueden servir de caveat al partido popular para que no haga indebido capital político de las dificultades del gobierno en esta cuestión. Todos los partidos de España con responsabilidad de gobierno están metidos en el mismo hoyo.
Si un millón de africanos, o tres, o cinco, o equis deciden desembarcar en las costas españolas o europeas no hay gobierno europeo que tenga el coraje de rechazarlos por la fuerza ni sistema legal que les impida quedarse ilegalmente. África no invade Europa de momento, al estilo de las grandes migraciones que cambiaron la naturaleza de pasadas civilizaciones, porque el movimiento migratorio no ha cogido aún "carrerilla", pero las poblaciones del África profunda la están tomando a toda prisa.
Así puesto, el problema es de seguridad. Pero en Luxemburgo el único aspecto que se ha concretado en alguna medida es el "humanitario", y ello mediante la voluntad de formular "una estrategia de patrulla y de rescate", por emplear la expresión del vicepresidente de la Comisión, Franco Frattini. Esta declaración confirma el sesgo en que se inspira el documento final de la reunión, el cual urge a "una respuesta europea adecuada a la crisis humanitaria cada vez más grave que se registra en el Mediterráneo y en la costa atlántica".
La medida urgente consiste, a lo que parece, en echar a la mar barcos de rescate marítimo que pongan a salvo a los temerarios navegantes. Es irónico que de ese modo se incentive la aventura de emigrar. Luego está la cuestión de dónde ponerlos a salvo, pero ya se lo pueden imaginar.
Como no cabe pensar que las patrulleras españolas o europeas bloqueen las aguas de los países africanos y remolquen sus cayucos a los puertos de origen, porque se necesitaría para ello decenas de barcos en constante vigilancia, el rescate más probable y el único materialmente posible es el que se hace dentro del espacio marítimo español cercano a la costa. Además, los gobiernos africanos se opondrían como un solo hombre a la reintegración forzosa de sus súbditos y alegarían que el tratado internacional de los Derechos Sociales y Económicos de los pueblos ampara el de emigración y el de no retorno forzoso al país de origen.
La reunión de Luxemburgo se perdió en abstrusas disquisiciones sobre "el sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores" y sobre la voluntad de adoptar "las orientaciones estratégicas necesarias". ¿Pero por qué no adoptaron una estrategia hic et nunc? Porque saben que no pueden formular más que políticas comunes desprovistas de cualquier rasgo de coacción sobre los gobiernos y muy pocas de tipo coercitivo sobre los inmigrantes, y porque es ilusorio formular estrategias que carecen de medidas de presión o fuerza que aseguren su aplicación. La Comisión no es el órgano para formular tales políticas: lo suyo, en esta materia inevitablemente humana, es "lo humanitario". Es decir, la extensión de la más amorosa protección de todos los derechos de los ilegales, que son todas aquellas demandas de derechos cuya denegación no se puede o no se quiere poner en vigor por una razón o por otra.
Esto último hay que entenderlo bien. Veamos el caso de los menores inmigrantes. El contribuyente español y las autoridades regionales parecen forzados a acoger, vestir, alimentar y educar a cuantos menores se planten irregularmente en nuestro territorio. En los últimos meses son ya novecientos los que han sido puestos bajo la tutela del estado, es decir, por cuenta nuestra, pero no se ve por qué el año que viene no serán muchos más. Siempre se dice que no se les puede devolver a sus países de origen porque sus familias no los reclaman. Una vez más, en esta cuestión Europa renuncia a la coacción legítima que podría ejercer con toda la fuerza de la ley sobre los gobiernos de los países de origen, en aplicación de las convenciones internacionales de protección de la infancia, que les obligan a ejercer la tutela de forma subsidiaria respecto de las familias.
El problema de la inmigración irregular masiva es de muy difícil solución. Pero no se encontrará ninguna mientras no se entienda su verdadera naturaleza en lo que respecta al continente africano: es sobre todo un problema de seguridad, tanto física como jurídica, y no meramente humanitario o económico.
