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Sangre en el campo

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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de anunciar una ley de tierras con el propósito de confiscar haciendas, fincas y pequeñas propiedades rurales de la clase media para entregársela a un sector campesino al que el presidente alienta diariamente para que invada tierras que han pertenecido por varias generaciones a familias venezolanas dedicadas a la agricultura y la ganadería.

Ante este panorama, no sorprende que la productividad agrícola haya caído en 43% y que actualmente 80% de los alimentos consumidos por los venezolanos sean importados.

Las invasiones de tierras son ahora frecuentes en Venezuela. Se están produciendo no menos de cien invasiones por mes en el país, sobre todo en terrenos urbanos industriales e inmuebles que afectan a modestos propietarios, donde grupos organizados por promotores de invasiones con objetivos económicos, como la reventa de parcelas, están afectando propiedades desde apenas 500 metros cuadrados hasta extensos terrenos industriales.

En cuanto a los secuestros de personas, estos promedian unos cincuenta mensuales, que van desde los más modestos, de montos muy pequeños, hasta los 300 mil y 500 mil dólares. Igualmente, la extorsión está afectando a miles de ciudadanos que pagan vacuna o garantía de protección bajo esta modalidad delictiva.

Recientemente, Chávez pronunció un violento discurso contra la educación privada, la cual se niega a ser controlada administrativamente e ideológicamente por el gobierno y emitió una frase funesta para su gobierno: “Si ahora chillan por el decreto sobre educación, van a chillar más cuando conozcan la ley de tierras”. Horas después de esas incendiarias palabras presidenciales, una turba invadió una hacienda en el estado Portuguesa y asesinó al dueño, un ganadero que se opuso que le quitaran su finca.

Todas las federaciones empresariales del país, incluyendo la Federación de Ganaderos, acusaron al presidente de la República como responsable del asesinato. Los directivos empresariales señalaron que “el presidente exponía al desprecio público de los sectores más necesitados del país a los ganaderos y esto ha llevado la violencia al campo”.

Simultáneamente el presidente Chávez, el mismo día, anunciaba que convocaría a un millón de reservistas militares para que participaran en el Plan Bolívar. Este programa es un plan de emergencia manejado por los militares para construir obras de utilidad social y fomentar mercados populares para las clases más pobres. Pero el manejo administrativo del famoso Plan Bolívar ha sido señalado como una fuente ilimitada de corrupción, pues no hay control alguno sobre los dineros que allí se invierten.

Ya muchos generales y otros altos oficiales están complicados en negocios ilícitos, mientras que otro sector del ejército, que se ha mantenido al margen de tales acciones, está guardando un sospechoso silencio.

Chávez en este momento sostiene difíciles batallas en varios frentes. En el educativo, los maestros y estudiantes rechazan la cubanización de la educación venezolana. La invasión de propiedades ha llevado la sangre al campo y continuará alentando la violencia, pues el sector chavista campesino no vacila en invadir hasta los parques nacionales para levantar ranchos, sin que nadie haga absolutamente nada para detenerlos. Y observadores sospechan que con los reservistas Chávez está jugando la peligrosa baraja de crear milicias populares para disminuir el poder de los sectores del ejército que no comulgan con su revolución.

Además de estos múltiples conflictos, el comandante Chávez confrontará más pronto que tarde una de las tradicionalmente más peligrosas situaciones para los presidentes venezolanos: la caída del precio del petróleo.

Lo que está ocurriendo en Venezuela afecta directamente a los países vecinos y tendrá fuertes repercusiones en el resto del continente.

© AIPE

El venezolano Armando Frontado es analista político.

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