1. Asalto al poder judicial
El presidente de los jueces y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, ha superado el segundo asalto del "frente parlamentario" que monopoliza el Congreso al son que tocan ERC y IU. Es grotesco que citen a la Justicia a dar cuentas quienes, más que parlamentarios representativos, son potenciales justiciables.
Aunque obvio, conviene recordar a quienes lo ignoran que el Estado moderno se basa, desde Montesquieu, en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, siempre al servicio del ciudadano y no del interés partidario. Francisco Hernando, al no comparecer ante quien carece de legitimidad para convocarle, cumple el principio de la Constitución según el cual "la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
Los del "frente" pretenden hacer la vida imposible al magistrado Hernando en los ocho meses que le quedan presidiendo el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Ya han anunciado una iniciativa de reprobación y que seguirán citándole a comparecer, semana tras semana. ¡Uff...! Les va mucho en el empeño. Por algo se ha publicado –sin desmentido oficial– que el fiscal Conde Pumpido aspira a ambos cargos. El Gobierno le premiaría así sus servicios y le aseguraría la impunidad. Para esta gente, si bien laica, "Roma bien vale una misa".
2. Asalto a la Constitución
¿No están pactando sotto voce enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial llegando a donde no se han atrevido "los del Estatut"? Cuando carece de la mayoría reforzada obligada para reformar la Constitución, el susodicho "frente" impone el atajo de las leyes orgánicas para las que basta la mitad de la Cámara, que suman ellos mismos. Mediante tan fraudulento método –invento de Carod Rovira– vacían de funciones al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial traspasándolas a los tribunales superiores autonómicos y a los partidistas consejos de justicia. Se les faculta, además, para crear juzgados y nombrar jueces. ¡Qué horror! Un retroceso a los caciques del siglo XIX que designaban a sus amigos. La igualdad judicial de los españoles se transforma en una "justicia a la carta" que permitirá escoger el territorio judicial más favorable para delinquir.
3. Asalto al funcionariado civil y militar
El propósito de controlar el Estado se extiende –faltaba más– a los funcionarios. Silentemente –o discretamente, como dice ZP– se prepara el Estatuto del Empleado Público del ámbito central, autonómico y local. Su "sistema de evaluación de capacidades" penalizará a quien, a juicio del jefe político, no cumpla con los objetivos fijados. Perderán los complementos salariales e incluso el puesto habitual de trabajo pudiendo ser trasladados de localidad. ¿Qué restará en pie del principio constitucional conforme al cual "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales"? ¿O pretenden un funcionariado sólo para izquierdas?
Los funcionarios militares que no simpatizan con Bono ya están sujetos a una silente y reiterada sustitución. Primero fue el famoso general Mena sustituido por Pitarch, le siguieron otros generales sin motivo conocido, y el 3 de marzo el Consejo de Ministros nombró sustituto al general de división que mandaba la Comandancia de Melilla. ¿Se hizo con la preceptiva propuesta del Jefe de Estado Mayor? ¿Cuál fue el motivo del cese? ¿O vamos también hacia un ejército de izquierdas?
4. Asalto al poder económico
Ha sido el más visible y por ello más criticado. El Gobierno, en lugar de independientes, ha nombrado a militantes socialistas para presidir el Tribunal de la Competencia y las comisiones de los mercados de valores, de la energía y de las telecomunicaciones. En los dos primeros casos los sustitutos cuentan con un buen historial, pero su carrera es la política no la economía. Lo mismo cabe decir de Miguel Ángel Fernández Ordóñez –MAFO– ahora instalado como consejero del Banco de España con vistas a ser nombrado gobernador.
Termino. El Gobierno que tiene la sartén por el mango quiere el mango también. Deje pues el bachiller Montilla de invocar el octavo mandamiento que prohíbe la mentira y maledicencia. Aparte de recordar, cuando le conviene, preceptos religiosos muestra su obsesión por controlar los medios de comunicación todavía críticos. ¿Por qué no menciona el séptimo mandamiento que impide tomar préstamos bancarios sin devolución, al menos monetaria?