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¿Hacia una España confederal?

Zapatero, que había agotado su crédito popular con el bombazo de la T-4 se cree ingenuamente legitimado, como si nada hubiera ocurrido, por las banderas blancas de la manifestación del sábado en Madrid, adquiridas al precio de enormes subvenciones.

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La mano que el PNV tiende al "Pacto contra el Terrorismo II" ofertado por Zapatero en el debate parlamentario del lunes está condicionada, junto a exigencias soberanistas, a "flexibilizar las actuaciones judiciales". Igual que solicita la banda terrorista y que Zapatero se muestra dispuesto a aceptar calificando lo judicial como "juicios políticos". Por ignorancia supina –o imprudencia temeraria próxima al dolo– vuelve a cometer el error de disponer de lo que no es suyo; incluso de la independencia judicial. Confirma así el dicho de Confucio con que Rajoy inició su intervención en el debate: "El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete un error mayor".

Zapatero, que había agotado su crédito popular con el bombazo de la T-4 se cree ingenuamente legitimado, como si nada hubiera ocurrido, por las banderas blancas de la manifestación del sábado en Madrid, adquiridas al precio de enormes subvenciones tanto a la UGT como a los titiriteros del cine. Para muchos españoles son enseñas blancas de rendición a los terroristas, aunque algunas las portara gente de buena fe.

¿Por qué se centran los tiros en los jueces? Porque en una España con un peligroso vacío de poder están siendo la trinchera del Estado de Derecho. Que se lo digan a Ibarretxe que, con todo su cargo de lehendakari, tendrá que declarar como imputado el 31 de enero por reunirse con la ilegalizada Batasuna. Y además no por escrito ni en la sede del gobierno vasco sino en locales del Tribunal Superior de Justicia de la región.

A Otegi se le acerca su San Martín en lo que el diario El Mundo titula como "Siete caminos hacia la prisión"; es decir siete procesos penales alguno ya sentenciado y pendiente de recurso. La Audiencia Nacional volverá a juzgarle el 21 de marzo por delito de enaltecimiento del terrorismo, tras haber confirmado ¡el Tribunal Constitucional! que la Audiencia es competente para juzgarle al haber perdido la condición de aforado que tuvo como diputado vasco.

Y por si fuera poco la Sala Penal del Tribunal Supremo, antes del 8 de febrero, dictará sentencia en el recurso de dos docenas de miembros de Jarrai, la organización juvenil proetarra. Fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de 30 a 42 meses de prisión por asociación ilícita que pueden ampliarse a varios años si el Supremo admite los recursos del Fiscal y de la Asociación de Victimas del Terrorismo. El futuro de la kale borroka y del vivero de la banda depende de la sentencia que se dicte. Y está pendiente el juicio del 11 M. Como acaba de escribir en prensa un muy destacado magistrado del órgano de gobierno judicial: "Lo que toca ya es oír, reflexionar, no amargarse la vida... esperar y, llegado el momento, actuar en consecuencia".

Aún a costa de amargar a nuestros lectores, que no lo creo, añado alguna reflexión. Pocos días antes del debate del lunes el parlamentario peneuvista José Antonio Rubalkaba –el otro Rubalcaba–, en declaraciones a Radio Euskadi, había reconocido la existencia de un documento secreto pendiente de próxima firma por el PNV y ETA-Batasuna. Y el mismo lunes el diario Gara se refería a los acuerdos de la banda terrorista con el Gobierno. "Lo pactado –según Gara– recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos". Una traición, hoy secreto a voces, que un día no lejano pudiera ser juzgada por los tribunales cuando luzcan las actas firmadas. Justifica la actitud de Rajoy resumida en su antológica frase a Zapatero: "Si usted no cumple le pondrán bombas, y si no hay bombas es porque ha cedido".

Tras el atentado, y colgando aún de la brocha de la sorpresa en su descanso de Doñana, Zapatero –o el estratega de La Moncloa que suple su inteligencia– concibió la doble maniobra de huida hacia delante arrojando tinta de calamar sobre la opinión pública. Una, la antes comentada manifestación "blanca" de Madrid. Y otra maniobra fue convocar con urgencia, para el 11 de enero, la aparentemente inocua III Conferencia de Presidentes que puede ser el anticipo de una Confederación de Estados que quiebre el modelo unitario de España.

Es un órgano aconstitucional –si no anticonstitucional– inventado con pretexto de ser "órgano de cooperación entre Administraciones". Es un esbozo del Consejo de la UE que es el que corta el bacalao. La Conferencia puede llegar a aprobar acuerdos vinculantes para el Parlamento español similares a los que el Consejo europeo emite a su Parlamento de Estrasburgo. O que como el Consejo apruebe "directivas" a las que deban ajustar sus legislaciones los Estados –en este caso las comunidades autónomas–, como sin rubor las califica de "Estado" la web de La Moncloa. El Gobierno español vendría a ser algo así como la Comisión Europea. ¿Encaja?

¡Ah! Olvidaba comentar que en la Pascua Militar del 6 de enero Don Juan Carlos, ante la cúpula de las Fuerzas Armadas, expresó su confianza en que el terrorismo será derrotado con "unidad", con "sólida acción de la justicia" – precisamente la justicia– y con la "actuación de los Cuerpos de Seguridad". Al día siguiente Eusko Alkartasuna instó al Rey a "cumplir con su función institucional de no estorbar" en el proceso de paz. Y CIU presentó el día 10 en el Congreso una pregunta inquiriendo el porqué se celebra la Pascua el día de Reyes con nefastas consecuencias para conciliar la vida familiar de los asistentes.

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