Lo mínimo que se puede exigir a un Estado es que garantice la seguridad de los ciudadanos y que éstos, para su tranquilidad, lo perciban. Ocurrió lo contrario cuando 3.000 guardias civiles de uniforme aunque sin "herramienta" y otros tantos agazapados "de paisano" se manifestaron el 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid. Para pasmo de los españoles y asombro del mundo mundial. Miembros de un Cuerpo de naturaleza militar, apodado "la Benemérita" por su servicio incondicional al pueblo, salieron a las calles para manifestarse contra un Gobierno que, perdido el respeto, viene a ser como el pito de un sereno. Lo nunca visto desde su creación por el segundo Duque de Ahumada hace ciento cincuenta años.
Ha sucedido mientras los etarras aprovechan la mano tendida de Zapatero para ampliar armamento y mejorar la I+D del amosal. Y andan en ignorado paradero una veintena de jarrais condenados por el Supremo y con orden de detención al mismo tiempo que bandas de toda laya toman calles y asaltan los domicilios. Por algo los vecinos se aprestan a defenderse por su cuenta y hacen uso de sus armas o guardia en barrios y urbanizaciones, somatenes catalanes incluidos.
Sin embargo aún más preocupante que la amenaza etarra convertida en profesión –un quiste que soportamos hace ya sesenta años– es esta incipiente rebelión de "números" de la siempre leal Guardia Civil que sentimos como nuestra. El "pronunciamiento", que no manifestación, de la Plaza Mayor afecta tan gravemente a la disciplina esencial de lo castrense que obliga a restablecerla de inmediato y con todo el peso de la ley. Y ello antes de estudiar las peticiones hechas en "voz de Cuerpo", ya sea la impropia solicitud de desmilitarización, ya la aceptable de mejora retributiva y de condiciones en que prestan el servicio. ¡Qué menos que equiparar su retribución a la de los mozos de escuadra de la Generalitat que comparativamente ni se despeinan!
Para restablecer la disciplina que es, sobre todo, obediencia no condicionada el director general, Mesquida ha actuado con urgencia y sobre la marcha conforme a la pauta militar del "queda usted arrestado y luego hablaremos". Así ha suspendido de ejercicio durante tres meses a dos guardias dirigentes de la asociación cultural AUGC, ese sindicato encubierto. Sin embargo siendo acertada la medida es meramente provisional y cautelar. Lo que importa es reintegrar a esos miles de guardias a la obediencia.
Después del "no me consta"– frasecita habitual de los miembros de un Gobierno de escasa capacidad– el ministro Alonso ha pasado a calificar la manifestación de "ilegal". "El Gobierno no tolerara que se cometa ninguna ilegalidad". ¿Le creen ustedes? Yo no. No se trata de cualquier ilegalidad genérica sino la más grave encajable como delito en los códigos penales. Acto seguido Zapatero, en calculada ambigüedad y forzado por los hechos, ha declarado que "los derechos hay que reclamarlos desde el Derecho". ¡Qué bonito! Sabido es que dice una cosa y hace lo contrario.
Tan grandilocuente y hueca frase invita a examinar que dice el Derecho en este caso. Y es precisamente lo que estarán haciendo los asesores jurídicos del Ministerio de Defensa y de la Dirección General de la Guardia Civil al estudiar y emitir el informe que se les ha pedido. Son miembros del acreditado Cuerpo Jurídico Militar, por lo que es de esperar que su informe no oscile entre Pinto y Valdemoro sino que quede en esta última villa como cuartel de esencias de la Benemérita que es. Y más que una temporada sabática de suspensión, el caso merece un pase por la sección militar de Alcalá Meco acorde con el Derecho que invoca Zapatero.
Este caso permite la aplicación de dos leyes sancionadoras: la 13/1985 del Código Penal Militar y la 11/1991 de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; ambas, como se ve, de tiempos de Felipe González. Sin embargo la simple lectura del artículo 92 del Código Militar limita la elección. Obliga a imponer la pena de prisión de uno a seis años por delito de sedición militar "a los meros ejecutores y la de dos a ocho años a los promotores, al cabecilla y a los oficiales o suboficiales que intervinieren".
Para ello basta con que los militares "en número de cuatro o más" hicieren reclamaciones colectivas "en tumulto", "con las armas en la mano" o "con publicidad". Concurriendo el "cuatro o más" los restantes citados requisitos del tipo delictivo son alternativos y no acumulativos. Y es notorio, sin necesitar prueba, que concurrieron algunos miles de tricornios aunque dejaran las armas –o "herramientas"– en casa. Dura lex sed lex. Ley dura pero ley al fin y al cabo, como decimos los juristas.
Las demás reclamaciones colectivas sólo es permisible corregirlas en vía disciplinaria –es decir aplicando la ley 11/1991 y sus correctivos de menor importancia– "si la trascendencia fuera mínima". En tal caso bastaría con la suspensión de empleo. Lo de la Plaza Mayor fue un escándalo mayúsculo de trascendencia nacional e internacional que marcará el "antes y después de la Guardia Civil", usando un tópico ahora necesario.
La televisión no estaba allí por casualidad –publicidad–: los mencionados colectivos son noticia desde hace tres semanas y no cesan de amenazar con represalias si hubiera sanciones, aunque éstas fueran leves. Miles de correos electrónicos de guardias civiles y familiares han bloqueado los servidores de La Moncloa. La indisciplina parece extenderse a la Policía gubernativa que amenaza con manifestarse; esta vez de uniforme ya que no hay riesgo penal al carecer, ella si, de naturaleza militar. Uno de sus sindicatos acepta ya la vía de expediente disciplinario como mal menor, pero nada, nada de Código Penal.
No debiera pasar desapercibida la instigación al plante hecha por unas asociaciones de guardias civiles que se comportan como sindicatos, excediendo la función "cultural" de sus estatutos que justificó su autorización. La Plaza Mayor fue una asamblea de reivindicación sindicalista. Sindicatos como la UGT levantaron allí su banderín de enganche. Ha conseguido incrementar afiliados incluso su competidor Comisiones Obreras. La guerra de afiliaciones de los sindicatos de clase –perdida ya en las empresas– está dando resultados en la Benemérita. Atención pues. El periódico digital Conficritico lo comenta. Se calcula que el 50% se adscribirán a la AUGC, mayoritaria en el Cuerpo, el 25% a la Unión de Oficiales y el otro 25% a la Unión Profesional de Guardias Civiles.
Dejo para otro día lo de la desmilitarización. Solo comentar ahora que llegará con Zapatero aunque Alonso lo desmienta. Y sin carácter militar la Guardia Civil dejará de existir. No sorprende que los abanderados de la desmilitarización sean los partidos de izquierdas, siempre temerosos de los uniformes; ellos sabrán porqué. Se comprende en los comunistas pero no en un PSOE normal. El que gobierna no lo es. Acordó incluir la desmilitarización de dicho Cuerpo en su programa electoral y está en su agenda política.
