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Tiro al blanco institucional

Imagínense a un inquilino recusando al juez que le desahucia por falta de pago basándose que en el pasado ha sentenciado desalojando por morosos a otros inquilinos.

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El Tribunal Constitucional, en sentencia de 13 de septiembre, conocida la semana pasada, considera que un decreto de junio de 2001, dictado por el Gobierno vasco, vulnera las competencias del Estado español al imponer el conocimiento del lenguaje euskera a los jueces, fiscales y secretarios que ejerzan en Vascongadas. Tal exigencia –llamada eufemísticamente "perfil lingüístico"– ha sido anulada por el alto tribunal, que lo mantiene solamente para el personal auxiliar de la Justicia de aquella autonomía.

No es novedosa pues está en la línea con otras anteriores. Pero, al coincidir con la confrontación abierta por el Estatuto catalán, ha provocado la apertura de la caja de los truenos desde que su firma pudo ser conocida por los grupos políticos; allá en septiembre, un mes antes de su publicación. ¿Pueden extrañar las filtraciones en un TC cuyos miembros son designados por los partidos, incluidos los nacionalistas? En este lapso han menudeado recusaciones y reprobaciones de magistrados y hasta de miembros de instituciones españolas tildados, paradójicamente, de "españolistas". Tanto que ello justifica rotular de "tiro al blanco" este comentario.

La mencionada sentencia del "perfil lingüístico" también da pie a vislumbrar el posible alineamiento político de los vocales oficiantes del rito constitucional, de cara a los recursos promovidos contra Estatuto catalán. Por de pronto asoman la oreja con su voto particular –al que tienen sin duda derecho– los vocales juristas de procedencia mediterránea Pablo Pérez Tremps y Eugenio Gay Montalvo. Para ellos el decreto vasco no debía haberse declarado inconstitucional ya que "encaja perfectamente en el principio de colaboración que debe inspirar el funcionamiento del Estado de las Autonomías". ¡Qué cuernos de colaboración! Lo que está en juego es el prevalente principio de unidad nacional y el de solidaridad entre regiones.

Y no por casualidad empiezan las recusaciones en todo lo alto. La Generalitat ha acordado recusar al magistrado del TC Roberto García Calvo –éste perteneciente a la carrera judicial– achacándole "falta de imparcialidad" para resolver el recurso interpuesto por el PP contra el Estatuto catalán. Los de Maragall se agarran al clavo ardiendo del voto particular que emitió en un auto del pasado mes de marzo cuando el TC resolvió no admitir el anterior recurso del PP –digamos que "preventivo"– contra la tramitación del Estatuto en el Congreso. Dentro de un escrito lleno de improperios razonan que el señor García Calvo se permitió discrepar de la sentencia calificando el Estatuto de grave atentado a nuestra Carta Magna. O sea, lo que la gran mayoría de españoles opinamos.

Esta gente, enloquecida en sus sueños independentistas, es capaz de trastornarnos a todos. Ya no tienen ni en cuenta que los jueces están obligados por ley a fundamentar sus resoluciones. A este paso se les impedirá igualmente ejercer su deber de dictar sentencia cuando su fundamentación desagrade. O se les recusará en juicios futuros en función de las opiniones expresadas en enjuiciamientos precedentes. Imagínense a un inquilino recusando al juez que le desahucia por falta de pago basándose que en el pasado ha sentenciado desalojando por morosos a otros inquilinos.

Los más benevolentes considerarán esta recusación como una reacción, o quizá represalia, por otra precedente. La recusación del citado magistrado Pablo Pérez Tremps. La presentó el PP el pasado 27 de septiembre como anejo al escrito del recurso principal de inconstitucionalidad contra el Estatuto de marras. No se ha dado a conocer la motivación pero puede intuirse. ¿Intentará prevenir un posible alineamiento del señor Tremps con el recurrido Estatut por motivos de procedencia o pertenencia?

En todo caso aquel magistrado que dude de su imparcialidad debe dar el ejemplo de abstenerse. Como hizo el magistrado de carrera del TC Javier Delgado Barrio en la sentencia del "perfil lingüístico" que abre éste mi comentario. En su elegancia se descartó tan solo por haber informado sobre la materia, años antes, cuando presidió el Consejo del Poder Judicial.

Tanta recusación tiene origen en el intento de control político de los partidos sobre TC. ¿Qué imparcialidad cabe esperar de sus doce vocales, cuando ocho de ellos son nombrados a propuesta del Congreso y del Senado, dos más a propuesta del Gobierno, y únicamente los dos restantes a propuesta del Consejo del Poder Judicial, es decir, de quien es y gobierna la Justicia?

Pero sin duda el disparo más grave propiciado por las maniobras para cambiar el modelo de Estado es el perpetrado contra las instituciones en la persona del Defensor del Pueblo; precisamente por haber presentado ante el TC otro recurso de inconstitucionalidad contra el susodicho Estatuto catalán.

Enrique Múgica es el primer Defensor reprobado en los veinticinco años de la Institución, siendo así que ha sido el único reelegido por su brillante actuación anterior y, además, ¡por consenso entre el PSOE y el PP! La propuesta de su reprobación y de cese procede de la Izquierda Unida del tal Llamazares, que con ésta y otras bufonadas hace ruido para aparecer como jefe de la grand armeé; un napoleón de pacotilla cuyos seguidores caben en un taxi. Tira la piedra pero se sabe quien impulsa su mano. Es quien pretende que el Estatuto catalán salga adelante "como sea", y que sirva de modelo y locomotora –como ya es– al vasco y al gallego.

Hubo tiempos mejores. Por ejemplo, cuando el Defensor del Pueblo congregó a gobierno y partidos en el recurso de inconstitucionalidad que terminó en la sentencia estimatoria de 1 de febrero pasado. Anuló el articulado de la ley de la función pública vasca que eximía a los profesores de ikastolas de titulación vulnerando así los principios de mérito y capacidad. Lo sorprendente e imitable es que el recurso lo presentó el Defensor en 1998 "arrejuntando" a los senadores del Grupo Parlamentario Socialista con el presidente del Gobierno que, en aquella fecha, si no me equivoco, ¡era José María Aznar! Entonces, el partido en el gobierno y el de la oposición se esforzaron juntos para garantizar la unidad de España. Hoy el PSOE va en dirección contraria. ¿Hasta estrellarse y estrellarnos?

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