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El Gobierno, contra los derechos de los militares

Son muchos los derechos no reconocidos a los militares que hacen de ellos un colectivo de ciudadanía de segunda clase. Francisco García, coordinador de Defensa de UPyD.

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El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 6 de febrero, el RD 96/2009, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas (rroofas). Se trata de un código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de comportamiento militar. La frustración en los componentes de los ejércitos es palpable pues era por todos esperada la promulgación de la tan esperada Ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que una vez más brilla por su ausencia en claro y manifiesto desprecio a la voluntad popular, expresada a través del Congreso en noviembre de 2005. Recordemos el asunto: la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LO 5/2005) estableció en su Disposición final tercera, un mandato legislativo que establecía: 

El Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales, que incluirá la creación del Observatorio de la vida militar.

El Gobierno, presidido por Rodríguez Zapatero viene incumpliendo desde entonces el mandato que los representantes de la soberanía popular le encomendaron. Tres ministros de Defensa han pasado, Bono, Alonso y ahora Chacón y hasta ahora ninguno de ellos ha abordado dicho mandato. De hecho, la actual Ministra en su comparecencia de 30 de junio de 2008, para informar al Congreso sobre las líneas generales de su política de departamento, afirmó (pág. 6 del Diario de Sesiones del CD nº 53) que: 

También nos proponemos actualizar el régimen de derechos y deberes de los militares. Lo haremos –ténganlo por seguro– tras un intenso intercambio de ideas y con el cuidado que merece esta cuestión.

 En enero de este año 2009 y durante el acto de la Pascua Militar, donde lo desgraciadamente trascendente fue el vestuario de la ministra, al final de su discurso añadió: 

A las nuevas Reales Ordenanzas seguirán los preparativos para la futura Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las FF AA que habrán de nacer fruto del consenso parlamentario y social.

Resulta evidente que los derechos fundamentales de los militares no son materia de su interés y preferencia, tres años después de haber finalizado el plazo concedido por el Congreso de los Diputados y en moratoria, al parecer eterna.

El Observatorio de la vida militar tampoco ha sido creado, pero sí ha visto la luz un Observatorio de la mujer (12,3% del total de los efectivos en 2008). Importante, sí, sobre todo de cara a la integración de la mujer, integración que debería ser muy "observada", especialmente en algunas Academias Militares donde al parecer existen graves problemas con algunas cadetes femeninas.

Son muchos los derechos no reconocidos a los militares que hacen de ellos un colectivo de ciudadanía de segunda clase y aunque ser militar conlleva la renuncia a algunos de ellos, esto no debería suponer una restricción generalista de los mismos, pues tal merma ha de ser examinada con lupa e interpretada, por tanto, con aplicación extensiva (in dubio pro militar). Derechos como el de asociación deben ser reconocidos sin más dilación. Nuestra Constitución en su art. 22 no excluye a nadie de este derecho señalando expresamente cuales son las asociaciones ilegales: las delictivas, secretas o paramilitares. El art. 181 de las RROOFAS prohíbe expresamente este derecho, aún sin ser Ley Orgánica, como establece el art. 81 del texto constitucional. Ya la STC 219/2001 de 31 de octubre, dictada por el Pleno, reconoció este derecho a todos los militares, obligando a inscribirlo en el registro de asociaciones como asociación reivindicativa.

La actuación de los partidos políticos mayoritarios hasta ahora ha sido penosa y siempre marchando al son de su interés electoral. Así, el PP aprobó la LO 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, cuyo art. 3 c) negó otra vez ese derecho fundamental a los militares; cierto es que se aprobó sólo con sus votos y la oposición del PSOE, pero también es cierto que cuando una asociación de militares le pidió al PSOE 50 firmas de diputados para presentar una cuestión de inconstitucionalidad, éste se negó en redondo a pesar de ser parte de su programa político de 2004.

Cuenta Arcadi Espada (El Mundo de 7 de febrero), que: "El ejército es, en sí mismo, al margen del territorio concreto donde se instale y de los ciudadanos concretos a los que sirva, una nación moral". A pesar de la indudable belleza formal de esta expresión, su pensamiento asociado no nos debe llamar a engaño: las "mores" son las costumbres y tradiciones acumuladas en el acervo cultural, generalmente no escritas y casi siempre implícitas. Los derechos de ciudadanía, por el contrario, son una conquista social relativamente reciente, están recogidos expresamente y en su práctica son de aplicación universal. Lamentablemente, todavía existen colectivos donde algunos pretenden que reine tan sólo la poesía y no la prosa. la tradición militar española, de la que los militares son herederos y depositarios, no puede ir en contradicción con los derechos civiles reconocidos hoy en día y que no obstan al buen fin de los ejércitos profesionales.

¿O es que quizás la Sra. ministra procura que, en la estela de E. Marquina, sigamos diciendo "España y yo somos así, Señora"? Ni España es como era, ni nosotros tampoco.

Francisco García
Coordinador de Defensa de UPyD.

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