Rafael Lara Hernández. Portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Que la Administración de Justicia no responde a las necesidades de nuestra sociedad actual es incontestable, pues el ciudadano recibe la ingrata recompensa de un servicio lejos de la calidad exigible; por más que sea también cierto que haya algo de tópico, y, al menos, conforme a las últimas encuestas sobre satisfacción, no sea terminal, aunque notoriamente reprobable, la situación. Los responsables políticos y los que trabajamos en la Justicia, tenemos mucha responsabilidad en ello. Hay que hacer autocrítica y no caer en cegueras irresponsables.
A esta situación endémica se une puntualmente la triste ocurrencia de algún dramático suceso, que lleva nuevamente a los medios y las conciencias, las carencias y defectos de nuestra organización. Sin embargo, lo sucedido el pasado octubre, fue diferente a cuanto había acaecido. Se unieron muchos factores, (efecto de una lamentable tragedia), se levantaron voces ciudadanas, y las de muchos de los que en esta Administración laboramos a diario. Y, en este contexto, se recordó que el diagnóstico ya se había hecho en el 2001, y que la receta no es otra que la Ley Orgánica del 2003. ley, que sienta las bases de una aún non nata Nueva Oficina Judicial, que debía aunar nuevas estructuras, nuevos sistemas procesales y nuevas tecnologías, coordinadamente, faltando, simplemente, “administrarla” al paciente.
Debido, o no, pero tras la llamada de un colectivo que tomó la iniciativa, el de secretarios judiciales, con el paro de aquél 21 de octubre, se replantearon proyectos de modernización tecnológica y procesal, perfectibles, pero al fin y al cabo en la línea de encuentro de una Justicia “tecnologizada”, y que hace uso de un nuevo y avanzado sistema procesal en una Ley de Reforma ya en el Parlamento.
Ahora toca no olvidar las necesidades de nuestros conciudadanos, y perseverar en este impulso modernizador evitando la repetición de viejos vicios, precisamente los que han traído estos males y que ensombrecen las iniciativas. Se precisa esa Nueva Oficina Judicial como nueva organización de nuestros tribunales, optimizando medios y racionalizando tareas a menor coste, no basta el incrementar las viejas estructuras de nuestros actuales juzgados, que significan la inmoralidad de mucho más gasto público inasumible en un entorno de crisis, y más necesario para avanzar en tecnología.
Modernicemos procesos, distribuyendo competencias entre jueces y secretarios judiciales, de igual preparación procesal, evitando la focalización de demasiadas decisiones de impulso del proceso en el que ha de juzgar, para así generar un proceso moderno, plenamente constitucional, y en servicio del ciudadano, ausente del inmovilismo de una irreal concepción doctrinal, que olvida que el destinatario de la Justicia es el ciudadano, que merece un ágil trámite de sus peticiones y una sopesada y justa decisión de su problema real, el que le ha hecho acudir a la Justicia.
No debemos perder la senda de esa nueva estructura organizativa y ese nuevo proceso judicial distribuido. En las manos de nuestros parlamentarios está, y en las manos de un nuevo e ilusionante equipo ministerial que lo impulse. En ellos depositamos ahora nuestra confianza y esperanza y la de toda la ciudadanía. Esperemos que todo el esfuerzo de octubre no se hunda en el marasmo que ahora parece busca esconder las necesidades reales de la Justicia, y que no repitamos la historia.