La influencia de la política y el poder ejecutivo en la justicia es cada vez más inquietante. Este es un sentimiento generalizado en nuestro país, a pesar de que la Constitución garantiza la independencia del poder judicial. Pero tristemente, la realidad es otra.
Hasta ahora la sociedad ha tenido un modelo de juez que respondía a los valores tradicionales de prudencia, equilibrio, sabiduría jurídica e incluso clemencia si procediese. Siguiendo a Vives en su obra El Templo de las Leyes, los jueces son "personajes graves, intachables, incorruptos, austeros...". Tememos por el mantenimiento de estas virtudes, ya que la injerencia de los poderes políticos puede perjudicar el sistema tradicional; el juez debe representar bien el papel que le corresponde al impartir justicia y no el de juez-estrella, que nada tiene que ver con el discreto y sencillo jurista que redacta sus sentencias en el papel de oficio.
Y es que la independencia de los jueces es requisito previo, consustancial a la justicia e indispensable para garantizar su imparcialidad. Para ser independiente, el juez debe serlo de sí mismo: separarse y olvidar sus fobias y sus filias. La condición de juez, a diferencia de otros, se ejerce todas las horas del día, y en todos los momentos y situaciones de su vida; el juez debe saber derecho y muchas otras cosas que le permitan entender la sociedad donde desempeña su función y los problemas que la acucian. Pero además no basta ser independiente como medio para lograr su imparcialidad, sino que en todo momento debe dar apariencia de esa imparcialidad. Y esto es lo más difícil en el mundo actual de los protagonismos y la publicidad. El secreto: guardar la discreción y no ser la estrella.
El principio de la división de poderes de Montesquieu está en quiebra. Quiebra forzada de forma intencionada por la presión política de los tiempos actuales.La estructura del Tribunal Constitucional, composición y forma de elección de sus miembros, han influido de forma notable en la politización de la Justicia. La procedencia tradicional de la Magistratura, impregnada de valores y principios que caracterizaba a los miembros de cualquier órgano jurisdiccional, se ha transformado en trayectorias cuyo único objetivo es ocupar cargos en la Judicatura pero sin haber pertenecido a ella, y por tanto, sin esa esencia propia de los jueces.
Hace bastantes años que los jueces tienen nombre y apellido, y no son el hombre bueno y prudente que dictaba su sentencia en el anonimato. Y es que los medios de comunicación y, sobre todo, el afán de protagonismo, han hecho estragos en la igualdad de juzgados. Antiguamente los letrados no conocían, ni les importaba, quién era el titular del juzgado, porque cualquier juez observaba los mismos principios y tan sólo la jurisprudencia del Tribunal Supremo modificaba los criterios sobre los que basar aquéllos. En situaciones excepcionales, al ponente de una sentencia le quedaba la posibilidad de "sentar jurisprudencia" que no fuera casada por instancia superior.
Ahora abundan los criterios particulares de quienes confunden la aplicación del derecho con la interpretación de las normas. Y es que muchas normas no precisan de interpretación, pero no faltará quien para forzar su aplicación donde no corresponde, interprete de forma torticera sin respeto al espíritu y finalidad de aquellas.
El panorama es aún peor cuando de la Constitución se trata. Preceptos cristalinos en muchos casos son "reinterpretados" para darles una aplicación que nada tiene que ver con la intención de los legisladores. Cuando esa interpretación está condicionada por los patronos políticos que han designado a quién corresponde hacerla, nos encontramos ante una auténtica justicia "mediatizada". Nos alteran el sentido y principios de las normas sin tocar una coma; nos cambian una Constitución sin cumplir ni uno sólo de los mecanismos establecidos para su modificación.
La sociedad debe oponerse a esta pérdida de independencia y mediatización, porque la justicia, más aún que una cuestión de estado, es algo esencial para la supervivencia del Estado.