Conrado Gallardo Correa. Magistrado, presidente del Foro Judicial Independiente.
"Una de las medidas del Plan Estratégico, recientemente presentado por el ministro de Justicia, que mayor repercusión han tenido en los medios de comunicación es la creación en los próximos tres años, es decir, hasta el final de la legislatura, de 750 nuevas plazas de Juez.
La falta de un número suficiente de jueces no es el único problema de la Justicia, desde luego, pero probablemente sí el más importante y uno de los más acuciantes. Pero ¿cuántos jueces hacen falta?
Según datos del Informe de 2.008 sobre los Sistemas Judiciales Europeos elaborado por la Comisión Europea para la eficacia de la Justicia del Consejo de Europa sobre datos de 2.006, España cuenta con 4.437 jueces,es decir, 10,1 por cada 100.000 habitantes La media en los 47 países europeos comprendidos en el informe es de 19,8. Destacan países como Portugal, 17,4, Austria, 20,2, Alemania, 24,8 o Polonia, 25,8. Por tanto, para aproximarnos a la media Europea habría que crear más de 4.000 nuevos jueces.
Ciertamente, cabría reducir esa cifra flexibilizando la estructura judicial o disminuyendo la litigiosidad, mediante, por ejemplo, el aumento de la eficacia de la Administración en su relación con los ciudadanos, puesto que su incompetencia y abusos colapsan de recursos los tribunales, el incremento de las tasas judiciales para disuadir a aquéllos que abusan del sistema o fomentando la mediación, casi inexistente en nuestro país.
Pero incluso siendo muy optimistas acerca de la posibilidad de que a través de medidas alternativas disminuya significativamente la litigiosidad, y ningún proyecto parece tener el Ministerio a corto o medio plazo, no parece que la cifra pueda ser mucho menor que la mitad de lo que resulta de aplicar la media europea. Es decir, habría que contar como mínimo con 2.000 nuevos jueces en un período de tiempo relativamente corto para una mejora real del problema.
No solamente la cifra ofrecida por el Ministerio es muy pequeña en relación con las necesidades reales, sino que es engañosa. Para empezar nunca ha estado en discusión la convocatoria anual de 150 plazas anuales. Las reivindicaciones de los jueces iban encaminadas a incrementar esa cifra. Por tanto lo que realmente está ofreciendo el Ministerio como novedad es un incremento de 300 plazas en 3 años.
Como ya señalábamos las asociaciones judiciales en un informe de marzo de 2.009, de los aproximadamente 4.500 jueces teóricos, solo 3.500 desempeñan realmente funciones jurisdiccionales, de forma que diariamente, de media, tienen que actuar, según datos del propio Ministerio, 816 jueces sustitutos que no tienen las garantías de preparación e independencia de los Jueces titulares, pero sí el mismo coste.
Ello se debe a que hay un buen número de Jueces destinados en puestos gubernativos como letrados del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o en distintas Administraciones Estatales o Autonómicas. También hay que tener en cuenta que cada año se jubilan entre 30 y 40 Jueces y, por muy diversos motivos, entre los que aumenta el paso a la actividad privada, se producen entre 70 y 80 excedencias.
Por tanto, 750 Jueces en 3 años ni siquiera cubrirían las vacantes que ya hay o habrá, puesto que en ese tiempo sin duda alguna se seguirán produciendo jubilaciones y excedencias. Es obvia la conclusión de que el incremento que se propone no tendría una incidencia significativa en la mejora de la Justicia. Como mucho evitarían un mayor deterioro y eso siendo optimistas.
Es loable que el Ministerio se proponga como objetivo el incremento del número de jueces, reconociendo públicamente por fin lo que desde nuestra asociación venimos repitiendo sin cesar desde hace mucho tiempo: el insuficiente número de jueces como uno de los graves problemas de la Justicia. Pero la cifra propuesta es notoriamente insuficiente para resolver el problema.
A pesar de la enorme dificultad que conlleva conseguir jueces preparados y capaces en un corto espacio de tiempo, más aun teniendo en cuenta que hoy por hoy no es la profesión jurídica mejor valorada ni económica ni socialmente, hay que hacer un esfuerzo mayor para lograr un incremento más significativo, porque si no lo hacemos el colapso de la Justicia será inevitable".