Mariano Mecerreyes Jiménez, magistrado de Cáceres.
A nadie le agrada la impunidad, que el crimen quede sin castigo. Para satisfacer este propósito común a cualquier cultura, la humanidad ha seguido diversos caminos. En unos casos lo que contaba era la confesión del reo (obtenida mediante la tortura), en otros que el daño causado fuese igual al recibido (ojo por ojo, diente por diente). Lo normal era, en casi todos ellos, que se llegase al castigo a través de un juicio o algo parecido. Una autoridad reconocida por la colectividad decidiría lo oportuno, como el Juez Charles Lynch, a quien debe su nombre el linchamiento, que era su modo de hacer justicia.
Ahora se suele decir: “el juez Garzón puede terminar en cárcel por investigar los crímenes del franquismo” (y por violar el derecho de confidencialidad de las conversaciones abogado-cliente, y por haberse lucrado con un buen dinero pagado por alguien imputado en su propio juzgado).
Es lógico que una parte de la opinión pública se escandalice. Es como si “el que descubrió que Mario Conde robó pasase, por esta sola razón, a ser su compañero de celda”. La cosa se puede comprender si hablamos de los jueces y de la Constitución, pues de ella deriva la legitimación democrática del Poder Judicial (exactamente la misma que la de los legisladores y gobernantes). La Constitución es la que nos somete al imperio de la ley. Garantiza que esta sea igual para todos, que no haya privilegios (leyes privadas).
Si mañana debo firmar el desahucio de una viuda indigente que no paga la renta de la humildísima morada que ocupa y me niego a ello por razones de conciencia, humanidad o porque la Constitución garantiza el derecho de todos a tener un hogar, pasado mañana me presentará el abogado del propietario de ese inmueble una querella por prevaricación; esto es, por haber dejado de aplicar la ley con conciencia de ello (por mi profesión y preparación). Yo tengo opinión sobre la calificación jurídica del proceder de mi colega en los tres casos que se le imputan; opinión relativa en los dos últimos pues mi conocimiento es poco profundo y acabada en el primero, una vez que he leído las resoluciones que se investigan y se enjuiciarán.
El problema no radica tanto en las opiniones que con ignorancia o sin ella se vierten por personas diversas, sino en que lo que se pretende sea algo poco común: que no se juzgue a un juez. Si lo que se reclama ahora es que el Tribunal Supremo de España, cúspide del Poder Judicial, tuerza su voluntadporque lo pidan los manifestantes esto es, que no aplique la ley para decidir si ese juez es culpable o no, lo coherente con tal demanda es lo siguiente: aprovechar para pedir la liquidación de la democracia, la instauración de los tribunales populares, la recuperación de la unidad de poder y la coordinación de funciones, esto es, la vuelta a ese pasado que dicen combatir. En España nos sobra experiencia. Que nadie olvide un riesgo. Si se hacen buenos esos anhelos puede uno terminar juzgado por ese mismo pueblo anónimo o por su líder carismático. Y en esa clase de juicios, nadie lo dude, no habrá sorpresas, ni apelación. Sólo silencio y muerte.
Ese es el vía crucis que le espera a nuestra joven y por lo que se ve, inmadura democracia. Si a la ley le importase el nombre del acusado o el de quien le acusa, de modo que según cómo te llames se te aplique un tratamiento u otro no viviríamos en democracia, por eso la justicia lleva una venda en los ojos. El que se la quiera quitar aproveche también para dejar de llamarla por su nombre. Si Garzón es culpable o inocente lo decidirá un Tribunal. Calumniar a sus miembros es la mejor prueba del valor de los argumentos de quienes, realmente, tienen miedo a la libertad.