El Fondo Monetario Internacional anunció recientemente un nombramiento importante: Raghuram G. Rajan de la Universidad de Chicago fue nombrado economista jefe. En esa posición, Rajan dirigirá las investigaciones económicas del FMI y tendrá gran influencia en sus políticas y programas.
Lo que me gusta de Rajan es que es coautor con Luigi Zingales de un libro sumamente interesante, “Salvando al capitalismo de los capitalistas” (Crown, 2003). Se trata de una de las mejores defensas del libre mercado. No sólo defiende el mercado de los antiglobalistas y de los socialistas, sino también de los capitalistas que manipulan, en provecho propio, tanto los mercados como las políticas gubernamentales.
En ese sentido, Rajan escribe en la tradición de Adam Smith, quien conocía muy bien a los empresarios. Smith sabía que los empresarios a menudo son los peores enemigos del mercado porque están dispuestos a sacrificarlo por sus propias ganancias. Frecuentemente hacen alianzas con gobernantes y políticos para lograr leyes que restrinjan la competencia o aumenten los precios, lo cual los beneficia, pero afecta negativamente a todos los demás.
En La riqueza de las naciones, Smith escribió que los intereses de los empresarios y los del público siempre chocan. Los primeros quieren limitar la competencia, mientras que los otros se benefician de ella. “Restringir la competencia –escribe Smith– sólo sirve para permitir que los comerciantes impongan un gravamen, aumentándo su propio beneficio, con un impuesto absurdo para el resto de sus compatriotas”.
A veces los empresarios tratan de limitar la competencia conspirando entre ellos. Según Smith: “Gente en el mismo negocio poco se reúne para divertirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en algún arreglo para aumentar los precios”.
Sin embargo, tales conspiraciones son mucho menos peligrosas en un mercado libre que cuando el gobierno impone restricciones. Sin apoyo gubernamental, los carteles privados colapsan y desaparecen. Pero cuando el gobierno impone protecciones y demás limitaciones a la competencia, los carteles pueden seguir funcionando por tiempo indefinido. Por ello, los gobiernos debieran ser extremadamente cuidadosos, especialmente cuando los empresarios insisten en que se impongan restricciones.
Un ejemplo de cómo los empresarios manipulan al gobierno en beneficio propio es la ley de subsidio a las medicinas bajo prescripción médica que actualmente se discute en el Congreso de Estados Unidos. Aunque se presenta como un beneficio para los ancianos, los verdaderos beneficiados son las grandes empresas que lograrían reducir considerablemente el costo de los programas de salud de los pensionados. Según un reportaje del New York Times del 2 de julio, sólo la Ford Motor Company se ahorraría 50 millones de dólares al año.
Ese periódico señala que las empresas más grandes son las que todavía ofrecen cobertura de medicinas a sus pensionados y las que ahorrarían más si la ley es promulgada. En conjunto ahorrarían miles de millones de dólares al año si el gobierno federal toma la responsabilidad de pagar por las medicinas de la gente retirada. Por eso mismo, el cabildeo es tan intenso.
La realidad es que para aumentar sus ganancias, muchas de las empresas más grandes están empujando al gobierno hacia un programa que reventaría el presupuesto y que conduciría eventualmente a la imposición de mayores impuestos a todos los ciudadanos. Lamentablemente, el gobierno de Bush a menudo apoya políticas que benefician a las grandes empresas a expensas de la gente común y corriente, como sucede con los aranceles al acero y los subsidios agrícolas.
El economista Raghuram Rajan entiende que eso no es un mercado libre, sino capitalismo de compinches, totalmente opuesto a lo que Adam Smith defendía. Quienes realmente creen en el libre mercado deben combatirlo con la misma fuerza con que combaten el socialismo y otros tipos de intervención gubernamental. De hecho, deben combatirlo con mayor fuerza porque el capitalismo termina siendo culpado por tales abusos y sus inevitables consecuencias: mayores impuestos, mayor desempleo y lento crecimiento.
Bruce Bartlett es economista y académico del National Center for Policy Analysis (NCPA).
© AIPE
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