En el sur de la Florida se vive una guerra constante contra los insectos de todo tipo que salen de sus áreas protegidas en los pantanos, declarados parques nacionales, para invadir nuestras casas y jardines. El gobierno le ha cedido un extenso santuario a todos esos bichos y alimañas, procediendo además a desarmar a la ciudadanía, al permitirnos comprar sólo aquellos insecticidas aprobados por los verdes. Esos “modernos” pesticidas parecen diseñados para engordar en lugar de matar a los insectos.
En realidad se trata de otra perjudicial intervención burocrática en la vida y propiedad de los ciudadanos que surge de la pretensión que los mayores de edad necesitamos de una nodriza oficial, para vigilar permanentemente cada uno de nuestros actos. De esa mentalidad, tan de moda hoy en día, se aprovechan los activistas verdes, entre quienes se destacan fanáticos extremistas que le dan más valor a la vida de los animales que a la de los seres humanos.
No exagero: el mes pasado murieron cuatro bomberos en el estado de Washington cuando un incendio forestal no pudo ser controlado a tiempo porque los helicópteros que trataban de apagarlo no tenían permiso de sacar agua de los riachuelos cercanos, cuyos peces están “protegidos” por la ley de Especies en Peligro.
La biblia de los verdes es el libro de Rachel Carson, “Silent Spring”, publicado en 1962, obra sin valor científico que entre otras cosas logró la virtual eliminación del DDT en casi todo el mundo. La consecuencia ha sido la muerte de millones de personas por malaria, enfermedad que estaba prácticamente controlada para fines de los años 50.
Las poblaciones de los llanos centrales de Venezuela se convirtieron a principios del siglo XX en pueblos fantasmas, tras terribles epidemias de paludismo. Fue la obra, a mediados de los años 40, de un prácticamente desconocido héroe venezolano, el Dr. Alberto Fernández, la que con su campaña de dedetización –financiada por el gobierno– cambió la faz de esa zona de mi país. Y jamás se supo de tragedia alguna causada por el DDT, aunque no dudo que su acumulación puede causar la muerte de algunos peces y de otros animales.
Es más, el ingeniero químico Joseph Jacobs, quien durante la Segunda Guerra trabajaba en los laboratorios Merck, fue el encargado de iniciar la producción industrial del viejo insecticida desarrollado en Suiza en 1865. Fue Jacobs quien bautizó la sustancia con el nombre DDT. Él cuenta que elaborando el primer gran lote del producto que requería el ejército americano en Italia, se rompieron las válvulas y fue bañado de pies a cabeza de DDT. La última vez que supe de él, en 1998, seguía disfrutando de excelente salud y recordaba con orgullo que ese primer lote de 500 libras de DDT salvó las vidas de 5 mil soldados americanos en una epidemia de fiebre tifoidea. Batallones enteros aplicaban DDT en polvo a sus uniformes para matar los piojos que transmitían la enfermedad.
Walter Ebeling, un entomólogo de UCLA, insiste que “ningún otro compuesto, ni siquiera la penicilina, ha salvado tantas vidas”. Pero eso significa poco para los verdes empeñados en salvar a todos los animales, a cualquier costo.
El colmo es que ahora la Coalición Nacional Contra el Mal Uso de Insecticidas trata de incluir en la nueva ley de educación que se discute en el Senado una enmienda para salvar a las cucarachas, las avispas, las ratas y demás alimañas, obligando a las escuelas públicas a notificar previamente a los padres cuando se vaya a usar algún pesticida o herbicida. A ellos no parece importarles que más de 100 escolares mueren cada año de ataques de asma, los cuales suelen ser provocados por yerbas que producen alergias y por el excremento de cucarachas.
Hoy en Florida hay 38 condados en alerta por el mortal virus del Nilo, transmitido por mosquitos. Las autoridades no piensan usar DDT, pero en un destello de genialidad le recomiendan a la gente no usar pantalones cortos.
Cada vez que encuentro las flores y arbustos de mi jardín destrozados por los insectos me pregunto por qué la gente sigue creyendo que los verdes son amigos de la naturaleza.
© AIPE
Carlos Ball, venezolano, dirige en Miami la agencia de prensa AIPE. Es académico asociado del Cato Institute
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