Venezuela vive días trágicos, pero una abrumadora mayoría está convencida que hay que sacar a Chávez a cualquier precio. Nadie pensó que iba a ser fácil porque para Chávez no hay principio, regla o institución que importe más que su ambición de poder y de convertir a Venezuela en otra Cuba. Pero lo que realmente ha sorprendido a los venezolanos es la total falta de comprensión en el extranjero sobre lo que está sucediendo y la manera insidiosa y torcida como lo reporta la prensa internacional.
Según los reporteros de los servicios informativos, de CNN y de grandes periódicos, se trata de una huelga en la empresa estatal petrolera y la reacción de grupos de oligarcas que están perdiendo sus tradicionales privilegios bajo un gobierno populista. Los políticos en Washington y los funcionarios del Departamento de Estado parecen estar igualmente desinformados.
Los venezolanos sí están aprendiendo con sangre y sufrimiento que democracia y libertad no son conceptos sinónimos, pero el resto del mundo no lo ve así. Los cursos en las grandes escuelas de ciencias políticas, como la Escuela John F. Kennedy de Harvard, enfocan los problemas de la democracia, no de la libertad, como bien lo describió recientemente el profesor Tibor Machan en su columna titulada “Democracia versus libertad”.
Washington, la OEA, las Naciones Unidas, las agencias multilaterales que funcionan alrededor del mundo, las ONG de derechos humanos y también las escuelas de periodismo llevan décadas promoviendo la democracia en el mundo en desarrollo. Ninguna de esas magnas instituciones ha estado especialmente preocupada por la libertad de Juan, John, Jean, Giovanni, Johann o Xian, sólo que ellos tengan la oportunidad de votar periódicamente.
Así, algunas “democracias” latinoamericanas se parecen cada día más a las pantomimas que los gobiernos europeos dejaron en Africa cuando salieron apresuradamente de sus colonias en los años 50. Del rule of law inglés, las autoridades judiciales de Zambia y Zimbabwe se copiaron sólo las pelucas y las batas negras de los jueces. Hugo Chávez apenas fue electo presidente de Venezuela se dedicó a redactar una nueva constitución y a ingeniárselas para extender su mandato hasta el año 2021. Compra y reemplaza jueces y funcionarios a su antojo, saltándose toda tradición, ley, norma, ordenanza o reglamento que se interponga.
En la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Chávez confronta un personal competente, con una larga tradición de excelencia profesional heredada de las grandes empresas internacionales que para 1960 habían llevado a Venezuela a controlar más de la mitad del comercio petrolero internacional. Esos directivos, ingenieros, gerentes y capitanes de buques cisternas, lo mismo que el grueso del personal de oficinas, campos petroleros y refinerías rechazaron convertir su gran empresa en otra herramienta política de Hugo Chávez. Así, el paro cívico nacional iniciado el 2 de diciembre recibió el decidido apoyo de la principal fuente de recursos del gobierno venezolano.
La respuesta de Chávez ha sido llevar “técnicos” de Cuba, Brasil, Libia, etc., convirtiendo una compleja operación industrial en una moderna torre de Babel. Prueba de su fracaso es que apenas siete barcos han zarpado de los puertos petroleros venezolanos con tripulaciones “importadas” en el último mes, mientras lo normal son ocho barcos diarios.
Si alguna lección tendremos que aprender de nuevo en el siglo XXI es que lo verdaderamente importante es la libertad individual y que las democracias deben ser juzgadas según la amplitud, profundidad y fuerza de la libertad que disfruta la población entera. Esa no es una idea popular en las Naciones Unidas, donde la mayoría de los miembros no son naciones libres ni tampoco en aquellos círculos de intelectuales que creen saber mejor lo que a las masas les conviene y que suelen dictar cátedra desde sus columnas en el New York Times y el Washington Post. En su artículo del 7 de enero en el N.Y. Times, “Poder para los privilegiados”, la profesora de derecho de Yale Amy Chua –graduada cum laude tanto en economía como en derecho de Harvard– anuncia que el problema venezolano es racial: una lucha de blancos privilegiados contra negros pobres.
Carlos Ball Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
© AIPE
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