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Carlos Ball

El fraude del siglo

Bajo el manto benigno de un programa humanitario de la ONU, Saddam desplegó su red de gansterismo internacional

Mi colega y amiga Claudia Rosett lleva meses investigando y revelando los espantosos detalles del gran fraude de nuestros tiempos, el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas (PPA) en Irak. Cuando leí sus primeros reportajes, le dije que se merecía el premio Pulitzer.
 
El PPA fue diseñado en 1995 y operó desde 1996 a 2003, convirtiéndose no sólo en el proyecto de ayuda más grande en la historia de la ONU sino en el mayor fraude internacional conocido hasta ahora, con la manipulación de unos 129 mil millones de dólares, de los cuales unos 10 mil millones de dólares terminaron en los bolsillos de Saddam Hussein y sus secuaces. Ese dinero fue utilizado en armamentos, en construir palacios, financiar terrorismo y comprar conciencias de funcionarios "multilaterales". No es casualidad que las empresas más beneficiadas por los contratos resultaron ser francesas y rusas.
 
Las preguntas que ha estado contestando Claudia Rosett son ¿quién ayudó a Saddam a robar esos miles de millones de dólares provenientes de programas manejados por la ONU y a dónde fue a parar todo ese dinero?
 
El propósito del PPA fue establecer en Irak un plan económico centralizado, el remedio prescrito por los socialistas que dominan la ONU, de manera que los funcionarios de los organismos multilaterales y Saddam Hussein manejaran conjuntamente toda la economía de Irak. Buena práctica en el camino hacia el gobierno mundial que muchos de ellos aspiran establecer algún día y cuyo principal obstáculo sigue siendo la profunda creencia en la libertad individual de la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, aunque no necesariamente de sus políticos.
 
Claro que la interpretación de los funcionarios de la ONU es muy diferente. Una nota de prensa fechada 19 de noviembre de 2003 mantenía que el PPA "ha beneficiado a decenas de millones de iraquíes… con unos 46 mil millones de dólares en asistencia humanitaria… Virtualmente todos los iraquíes recibieron alimentos a través de su red en todo el país; 60% dependía totalmente de las raciones de alimentos".
 
Aunque las ideas que engendraron el PPA comenzaron a surgir bajo Javier Pérez de Cuellar en 1991 y su sucesor Boutros Boutros-Ghali hizo el acuerdo con Saddam, ayudado por Kofi Annan, quien llevaba adelante las negociaciones en Bagdad, fue este último y actual secretario general quien le dio los toques finales al monstruoso acuerdo con el dictador, el cual siguió vigente por siete meses después de la caída de Saddam.
 
Bajo el manto benigno de un programa humanitario de la ONU, Saddam desplegó su red de gansterismo internacional. La ONU publicaba miles de páginas sobre las calorías ingeridas por los iraquíes bajo su protección, mientras escondía las contrataciones fraudulentas con los secuaces del dictador y sus planificadores determinaban cuánto y qué los iraquíes podían comer, en una versión real y contemporánea del Gran Hermano. Saddam distribuía tarjetas de racionamiento y, como sucede en Cuba, estas se las negaban a los opositores del régimen, quienes en castigo tampoco recibían medicinas.
 
Saddam escogió al banco francés BNP Paribas para canalizar el flujo de dinero sucio y el pago de comisiones a funcionarios "multilaterales" que aprobaban todo lo que deseaba hacer. La ONU, por su parte, contrató a 3.000 iraquíes y 800 extranjeros, todos previamente aprobados por Saddam, para administrar el PPA en Irak.
 
El negocio era el siguiente: Irak vendía su petróleo por debajo del precio internacional y la diferencia llenaba los bolsillos de funcionarios y amigos, multiplicándose las cuentas bancarias secretas. Cuando se entiende que el PPA era un plan económico centralizado y corrompido similar al que operaba en la Unión Soviética en beneficio de los jerarcas del Partido Comunista, comprendemos lo que sucedía en Irak y por qué Francia, Rusia, Alemania y tantos funcionarios de la ONU se opusieron a la invasión norteamericana: se les acabaría el negocio.
 
© AIPE
 
Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute

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