El terrorismo judicial no es nada nuevo en Venezuela. Conjuntamente con su afán por controlar y regular la economía, los líderes políticos venezolanos de los últimos 30 años se esforzaron en establecer un férreo control político sobre el Poder Judicial. Esa politización de la justicia engendró un aparato judicial corrupto hasta la médula, donde todas las sentencias tenían precio. La ausencia del concepto de libertad bajo fianza convirtió a los tribunales penales en grandes negocios. Bastaba con acusar a alguien de fraude para que inmediatamente se produjera un pago jugoso tanto al juez como a los abogados de la fiscalía. La alternativa era la cárcel por muchos meses, mientras se dilucidaba el juicio. Al final, poco importaba un veredicto de inocencia, ya que el acusado había pagado meses o años de cárcel, en condiciones infrahumanas.
A mediados de los años 90, dentro de un proceso de renovación impulsado por abogados honestos, con el firme respaldo de la comunidad empresarial, organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, Venezuela reformó su código penal para eliminar en lo posible tales vicios. Entre otras reformas se instituyó la figura de la libertad condicional para casi todos los delitos, salvo los más violentos. También se creó la figura del jurado y de los tribunales colegiados. En aquel momento se pensó que los venezolanos jamás veríamos nuevamente el triste espectáculo de un compatriota sometido al dilema de ceder ante el chantaje o resignarse a cumplir meses y hasta años de cárcel, sin haber sido condenado por ningún delito. ¡Qué equivocados estábamos!
Hugo Chávez, quizás tomando lecciones del legendario Beria, jefe de la NKVD, la temida policía política soviética antecesora de la KGB, ha ideado la forma de utilizar los sucesos que llevaron a su breve remoción de la presidencia, en abril de 2002, para acabar con la oposición en Venezuela.
Chávez y sus acólitos en la Fiscalía General de la República se han percatado que el delito de "Rebelión Civil" no tiene libertad condicional en el código penal venezolano y por, lo tanto, se convierte en un arma útil para el chantaje. Así, utilizando los servicios de la fiscalía, el régimen venezolano ha emitido citaciones para imputar como coautores y cómplices de una supuesta "Rebelión Civil" a centenares de venezolanos, entre ellos líderes empresariales, gobernadores de estados, líderes políticos y comunitarios, periodistas y hasta sacerdotes. La estrategia es muy sencilla: se acusa de rebelión a todos aquellos que fueron invitados por el triste y torpe gobierno provisional de Pedro Carmona a presenciar su toma de posesión y refrendar con su firma su asistencia ese día. Cómo todo político que asume un nuevo cargo, Carmona se aseguró de invitar al acto no sólo al grupo que lo apoyaba, sino a todas aquellas personas que ejercían cargos de liderazgo en el país, con la sola excepción de los chavistas depuestos.
Chávez, al acusar ahora a todas esas personas de "rebelión", intenta sacarlas permanentemente del juego político. El sabe que, al no existir la libertad condicional para ese delito, enfrentar un juicio y probar su inocencia significa que sufrirían de prisión por tiempo indefinido. Eso es aceptar prácticamente una pena de muerte, ya que las condiciones de las cárceles venezolanas sólo pueden ser descritas como infrahumanas. Así, Chávez logrará el auto-exilio de empresarios que podrían financiar a la oposición, descabeza a las organizaciones empresariales y a varias no-gubernamentales, ahuyenta a políticos de intachable trayectoria, a lideres comunitarios de gran arrastre, a periodistas agudos en sus críticas al gobierno e incluso a sacerdotes con opiniones incómodas para el régimen.
Mientras los portavoces del Departamento de Estado vienen pregonando su deseo de restablecer buenas relaciones con el gobierno de Chávez, a centenares de venezolanos honestos y dispuestos a luchar por su país se les están violando los derechos más fundamentales, sometiéndolos a un terrible dilema: cárcel o exilio.
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Carlos Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.