Si los políticos dicen que algo es blanco, muy probablemente sea rojo, azul o negro. Ejemplo de ello es la llamada Ley Patriota que, a instancias del Ejecutivo, el Congreso de Estados Unidos acaba de extender.
La Cuarta Enmienda de la Constitución sostiene “el derecho de los habitantes a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra incautaciones arbitrarias; será inviolable y no se expedirán al efecto órdenes (judiciales) a menos que exista causa probable, corroborada por juramento o declaración solemne y cuyo contenido describa específicamente el lugar a ser registrado y las personas o cosas objeto a detención o embargo”. Esa enmienda fue incluida como rechazo a los abusos de soldados ingleses que en la época colonial violaban hogares en busca de cualquier cosa que pudieran utilizar contra la gente; desde entonces se requería la decisión de un juez, aprobando previamente todo allanamiento.
Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, las guerras han sido las mayores destructoras de la libertad individual. Como ejemplo, recordemos que antes de la Primera Guerra Mundial, la gente podía viajar adonde quisiera –exceptuando Rusia y Turquía– sin pasaportes ni visas.
Asimismo, la guerra contra las drogas del último cuarto de siglo y la actual guerra contra el terrorismo islámico han progresivamente debilitado la Constitución. El 15 de octubre de 2001 se promulgó la llamada Ley Patriota, con muy poco debate en el Senado, mientras que a los diputados les dieron media hora para leer una compleja propuesta de 300 páginas, lo cual culminó en lo que el juez Andrew Napolitano ha llamado “el mayor rechazo antipatriótico a la privacidad”, principio hasta entonces respetado y garantizado por la Constitución.
El resultado es que ahora funcionarios del gobierno federal pueden obtener información confidencial de la gente en cualquier lugar (su consultorio médico, su farmacia, su hospital, su banco, su empresa de seguro, su abogado, su cartero, su agencia de viaje, la compañía de teléfono, la empresa donde trabaja, la casa de su mamá, etc.) sin el permiso de un juez que previamente analice la causa probable. Según el viejo dicho, “el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones” y éste impresionante irrespeto a tan importante principio constitucional es trágico y reprochable.
Desde octubre de 2001, se han producido 120.000 acciones de este tipo contra habitantes de Estados Unidos, sin el previo visto bueno de un juez.
Es una dura y triste realidad que en América Latina nos hayamos acostumbrado a que los políticos pierdan todo sentido de la proporción apenas se sientan en la silla presidencial. A partir de ese momento lo que dicen y lo que quieren se convierte en ley, supuestamente por el bien de la nación. Así hemos visto cómo nuestros sistemas democráticos se han ido convirtiendo en farsas y cómo gobernantes como Chávez, Kirchner y Lula utilizan un supuesto entorno republicano para convertirse en dictadores mucho más dañinos que aquellos que nos gobernaron en el siglo XX.
Pero es una verdadera tragedia que esto esté sucediendo hoy en Estados Unidos, sin mayor preocupación ciudadana, y que el debate se mantenga a un bajo nivel partidista, más que principista.