Una sentencia del 6 de marzo del Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo determinó que ahora está permitido reprimir las críticas a las instituciones y a los altos funcionarios de esa emergente comunidad socialista. ¿Parece increíble, verdad? Pensaríamos que estamos hablando de algún arrogante e ignorante caudillo de una república bananera. Pero no, se trata de proteger la dignidad y el buen nombre de los nuevos señores feudales, a la cabeza de las privilegiadas suprainstituciones de la Unión Europea, quienes se consideran más allá del bien y del mal.
El fallo fue contra el economista inglés Bernard Connolly, quien había sido despedido de su cargo en la Comisión Europea por atreverse a publicar en 1996 el libro titulado The Rotten Heart of Europe (El podrido corazón de Europa), apuntando con nombre y apellidos a burócratas que son una amenaza para la libertad, la democracia y, en último término, para la paz en el continente. El libro fue escrito y publicado durante un período de permiso no remunerado que el autor había obtenido.
En octubre del año pasado, el español Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, abogado general del Tribunal, presentó sus conclusiones, indicando que Connolly publicó el libro criticando duramente la política de unificación monetaria sin solicitar la previa autorización de sus jefes, por lo cual se le abrió un expediente disciplinario. Además, aparecieron extractos del libro y una entrevista del autor en The Times de Londres, diario que publicó declaraciones no autorizadas.
El magistrado español insistió que “los funcionarios comunitarios están sujetos a las restricciones necesarias en una sociedad democrática” (sic) y luego en tres ocasiones utilizó como precedente el caso de la prohibición de un video blasfemo de música rock que mostraba a Santa Teresa de Avila en relaciones lesbianas y otras cosas aún más horribles, a las que no quiero exponer al lector de mi columna. Supuestamente, entonces, criticar las políticas de los líderes de la Comunidad Europea equivale a una blasfemia.
En su reciente decisión, el Tribunal de Justicia cita el Artículo 12 del Estatuto de Funcionarios de Comunidades Europeas: “El funcionario se abstendrá de todo acto y, en particular, de toda expresión pública de opinión que pudiera atentar a la dignidad de su función”, procediendo a sentenciar contra Connolly por considerar su libro “agresivo, despectivo e insultante”. Lo que no dijo el Tribunal es que Connolly mintió. Pero el mensaje es muy claro: no se permitirán las críticas a los prohombres de la nueva Europa. Además, los costos de la Comisión Europea en el largo juicio deberán ser pagados por Connolly
El destacado columnista Ambrose Evans-Pritchard, del Daily Telegraph, teme que el caso tenga peligrosas implicaciones que indudablemente afectarán la libertad de expresión de personas que no trabajan para la burocracia europea en Bruselas.
Por el contrario, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual no forma parte de la Unión Europea, ha determinado que los gobiernos no pueden restringir la libre expresión política para proteger la reputación de sus funcionarios. Por eso Connolly planea elevar su caso a este tribunal.
Pero es verdaderamente trágico que en la nueva Europa rija la censura previa. Felizmente, el Tribunal de Justicia tiene una jurisdicción limitada y no puede impedir que los libreros ingleses vendan la obra de Connolly. Pero se trata de una nueva alerta para que los habitantes del Reino Unido abran los ojos y se opongan a las insistencias de Tony Blair y de su Partido Laborista en proceder apresuradamente y sin vuelta atrás posible a perder su soberanía y a darle la espalda al espléndido legado liberal británico, para hundirse en las turbias profundidades del nuevo orden socialista europeo.
© AIPE
Carlos Ball es director de la agencia de prensa AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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