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A propósito de reunión de la OMC en Qatar leí esta noticia: “La UE entiende que la agricultura tiene un fin social, cultural y medioambiental, por lo que no puede ser tratada como cualquier otra industria… Los países europeos no quieren que sus cultivos estén sometidos, al ciento por ciento, a las reglas del mercado… la UE aceptará la parte del texto que más le duele, la reducción de las subvenciones”. Dos aspectos llaman la atención aquí, uno es la identificación de la sociedad con la política y los grupos de presión, y el otro es la justificación del pillaje y la ocultación de sus consecuencias.

La hipertrofia del intervencionismo se traduce en que desaparece toda distinción entre los ciudadanos y sus representantes: la política ya no re-presenta a la sociedad sino que es la sociedad. Cuando los políticos europeos hacen cosas, es “la UE” quien las hace. Cuando un sector ultraintervenido como el primario, donde los políticos y los lobbies agrícolas fuerzan al consumidor y al contribuyente a pagar mientras cierran los mercados a los productos provenientes de los países pobres, esta maniobra, urdida por un grupo ridículamente reducido de autoridades y empresarios ineficientes, eso se debe a que “los países europeos” no desean la competencia. Si se rebajan las subvenciones, algo que perjudica a una minoría y beneficia a la mayoría, esto es algo que a Europa “le duele”.

Es interesante que este lenguaje no sea jamás puesto en cuestión por los informadores económicos. Si mañana alguien asegura que los negros o las mujeres deben ser desprovistos de sus derechos porque son genéticamente inferiores, sería inconcebible que los periodistas cubriesen la información de modo neutral y distante: dirían, con razón, que quien formula tales declaraciones es un racista, un intolerante, un machista o un fascista. En cambio, quien propone abiertamente saquear a consumidores y contribuyentes no sólo no es denunciado sino que es, para colmo, identificado con el conjunto de los ciudadanos. Las consecuencias del intervencionismo, la forma en que recurre a bonitas excusas -el medio ambiente, lo “social”- para oprimir a los ciudadanos con más impuestos y productos más caros, son sistemáticamente ignoradas.

Otro ejemplo: a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre ha habido mucha discusión sobre los riesgos que para la libertad puede comportar la estrategia política que apunta a conseguir una mayor seguridad. En cambio, nadie ha respondido a Ignacio López, Director de Relaciones Internacionales de ASAJA, que a propósito de la reunión de la OMC ha definido la “seguridad alimentaria” como un “concepto en el que se engloban no sólo la posibilidad de producir alimentos en cantidad suficiente en las distintas regiones del mundo para alimentar a sus poblaciones, sino también que estos productos sean seguros, sanos y saludables”. Los mismos periodistas que son sensibles a la pérdida de libertad que puede derivarse de una mayor seguridad no han dicho ni una palabra sobre una visión de la “seguridad” que conspira claramente contra la libertad, que pretende bloquear la capacidad de elección de los ciudadanos para comprar alimentos en el exterior, y que pasa por alto la cuestión del precio de estos alimentos.

Tanto énfasis en lo “social” y al final lo último que cuenta es la sociedad.

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