Manuel Vicent escribe en El País: "los especuladores han devorado el paisaje de la costa acarreando cemento hasta la cima de los montes". Y Manuel Ramírez se queja en ABC de la calidad de la televisión, concluyendo: "Sí: estamos ante la libertad de mercado, según el artículo 128 de nuestra Constitución. Pero se olvida la posibilidad de planificación estatal que contienen los siguientes".
La tontería de atribuir todos los males a los odiosos especuladores olvida una elemental verdad bailarina: it takes two to tango. Si los especuladores acarrearan cemento hasta la cima de los montes y una vez allí no pasara nada se arruinarían y desaparecerían. Lo que sucede en realidad, por supuesto, es algo muy distinto: los especuladores, o sea, los empresarios, se arriesgan a llevar cemento a los montes cercanos a la costa porque apuestan a que alguien se lo comprará, y no lo hará si el cemento no cambia de forma y se convierte en bonitas casas con vistas al mar. Todo esto no "devora" ningún paisaje sino que lo enriquece con la vida humana, que, para desolación de los bienpensantes, entra en transacciones libres en beneficio de todos.
(Por cierto, para coronar su artículo pleno de corrección política, don Manuel sugiere que Adam Smith era insensible a todo el valor que no fuera material o tangible, lo que sin duda provocaría un respingo en el autor de La teoría de los sentimientos morales.)
El artículo del profesor Ramírez, una Tercera con numerosos aspectos excelentes, incurre sin embargo en el doble error de pensar que la planificación puede resolver la calidad de la televisión y de creer que la Constitución española apuesta fundamentalmente por la libertad. La calidad de los medios es siempre discutible, pero la experiencia indica que el mercado puede resolver el problema segmentando la oferta, con lo cual se potencia la posibilidad de que lo minoritario y exquisito sea rentable y conviva con lo popular y no elaborado. La mala calidad, pues, no es culpa del mercado libre.
El que dicho mercado sea propiciado por nuestra Constitución no resiste una lectura de la misma. De hecho, el sometimiento de los bienes de los ciudadanos a consideraciones de carácter colectivo no aguarda a que pase el artículo 128, que en sus primeras líneas proclama nada menos que lo siguiente: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Cualquier intervención y planificación, en suma, puede ser constitucional, con el aval de la "función social" de la propiedad, como reza el lamentable artículo 33.2.
