Hay algunas entrevistas que brillan no tanto por las respuestas como por las preguntas. Tal fue el caso de la que le hizo Miguel Bayón, de El País, a Anna Diamontópoulou, Comisaria de Trabajo de la Unión Europea. Las respuestas de esta señora fueron convencionales y políticamente correctas, pero las preguntas del señor Bayón revelaron con todo su esplendor el pensamiento único. Dijo, muy alarmado: “¿Pero ¿de verdad el Estado de bienestar está muerto? ¿Quedarán los viejos condenados a pagarse un sistema privado de pensiones?”.
No suena su palabra “muerto” con la alegría de quien proclamase, por ejemplo, que el fascismo está muerto. Al contrario, parece como si hubiera muerto alguien muy cercano, probablemente un padre. Muerto el Estado de bienestar quedaríamos, lógicamente, huérfanos. Los ciudadanos conservarían su libertad y sus recursos, y los podrían gastar de manera eficiente en salud o en un seguro de desempleo o en cualquier capítulo del llamado gasto “social”. Serían ellos, libremente, quienes gastarían, y las autoridades no les quitarían el dinero. Parece que a los ojos de don Miguel esa situación sería tan espantosa como la orfandad.
Peor lo pasarían los viejos, pobrecillos, “condenados” a unas pensiones privadas. Es decir, las pensiones, en vez de estar en poder de los políticos y los lobbies sindicales y empresariales, serían propiedad de los ciudadanos, que depositarían sus ahorros en unas cuentas individuales, y después cobrarían una jubilación con el capital acumulado. Su pensión no estaría jamás en manos de las autoridades; serían los dueños de su propio destino, sin jefes ni intermediarios. Pero eso, para Miguel Bayón, sería una “condena”.
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