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Carlos Rodríguez Braun

El Trío Calavera

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Socialistas, comunistas y sindicalistas confluyeron en Madrid en torno a un disparate: las autopistas de peaje están mal y deberían ser “gratuitas”. Tronó Rafael Simancas en contra de la nueva autopista a Guadalajara, porque el peaje es “un factor intolerable de discriminación” y revela la siniestra intención del PP: “sálvese quien pueda pagar”. Lo secundó Inés Sabanés, indignada porque “quien paga se libra del atasco”. Y desde el sindicato UGT condenaron el peaje “claramente discriminatorio y que polariza a los ciudadanos en función de sus rentas”, volviéndolos “clientes”.

La incoherencia de estos planteamientos es manifiesta. Por ejemplo, no quieren estos progresistas “discriminar”, pero están a favor de la discriminación que supone preferir que paguen las autopistas todos los contribuyentes antes de que las paguen sólo quienes las utilizan.

También es revelador que rechacen que la gente obtenga algo concreto a cambio de pagar algo concreto: la conexión entre ambos actos tiene que ver con la libertad, la propiedad y el intercambio entre ciudadanos responsables en una sociedad abierta. No es casual que los antiliberales detesten dicha conexión y procuren romperla siempre que pueden. Que a los sindicalistas de UGT les parezca horrible ser “cliente” indica precisamente eso: quieren someter a los ciudadanos a otra relación, no la de la libertad responsable que supone ser cliente, sino algo más parecido a súbdito.

Disfrazan su odio a la libertad con un argumento presuntamente impecable y que pulsa atávicas y envidiosas cuerdas: los ricos acaparan las cosas. Es interesante que torrentes de profesores de economía no hayamos podido despejar este petrificado ingrediente del pensamiento único, cuando es patente que las cosas no van todas hacia los ricos, sino hacia quien pueda y quiera pagar por ellas, lo que es muy distinto. El señor Ford prosperó vendiendo coches a los trabajadores, pero la Rolls-Royce siempre está al borde de la quiebra.

Curiosamente, estos progresistas no han dado con el único argumento solvente, aunque elíptico, para protestar contra las autopistas de peaje: el Estado debería al mismo tiempo bajar los impuestos.

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