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Alberto Ruiz-Gallardón quiere crear un “Samur social” y sostiene que agita su corazón una gran inquietud por los “excluidos”. Pero como jamás ha dicho una palabra a favor de los contribuyentes –al contrario, les ha subido los impuestos– aquí tenemos un problema de definición de derechos. Para resolverlo, el propio líder madrileño nos da la clave: hablando con Joaquín Leguina se refirió a “nuestra televisión pública, Telemadrid”.

Acabáramos. La propiedad es de los políticos, ellos nos excluyen de la libertad de disponer de la propiedad que ingenuamente creíamos que era nuestra (sobre todo de la crucial propiedad sobre el fruto de nuestro trabajo), y después cuidan abnegadamente de unos “excluidos” que ellos definen a su conveniencia. ¡Y este es el Gallardón que cuando respetaba derechos y libertades se comprometió a privatizar Telemadrid!

Mientras tanto, los comités de empresa de todas las televisiones públicas hicieron frente común rechazando de plano que alguna cadena pueda “caer en manos privadas”. Ojo al lenguaje: caer, precipitarse, hundirse, ser conquistada por el asqueroso sector privado, ese sector que no obliga a pagar a nadie. ¡Horror y vilipendio! ¡Eso nunca! Mucho mejor es que sigan siendo “públicas” y “nuestras”, o sea de los políticos y las mafias sindicales que fuerzan al pueblo a pagar.

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