Leo una preciosa crónica de Juan C. de la Cal en El Mundo desde los bosques remotos del Perú, donde se habla del desastre producido por las personas que se dedican a la extracción de la caoba, "y España a la cabeza del consumo... Según estimaciones del Banco Mundial, el 6 % de la deforestación de la Amazonia se debe al impacto del consumo español".
De entrada es extraño que se agoten los recursos reproducibles demandados. Lo lógico sería que si la gente quiere muebles de caoba, haya gente interesada en plantar más caoba.
Dirá usted: ¿y los trabajadores explotados? Pues el señor De la Cal lo cuenta en la letra pequeña: resulta que los trabajadores de la caoba ganan más del triple de lo que ganarían en cualquier otro empleo, salvo el narcotráfico. Y esto da entrada a otro dato interesante del reportaje, que tampoco llama la atención del reportero: ¡el 90% de las extracciones de caoba de la Amazonia peruana son ilegales!
Debe existir un problema de intervención política y legislativa en los derechos de propiedad, y es esa intervención lo que probablemente esté detrás de la deforestación incontrolada, y no la codicia de empresarios y trabajadores empeñados en ganar dinero para que usted tenga una bonita mesa. Si se ilegaliza la oferta de un recurso demandado pueden pasar cosas raras, como por ejemplo que deje de reproducirse lo reproducible. Pero de eso no es culpable el consumidor.