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Carlos Rodríguez Braun

Una línea liberal

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Dice Wikipedia sobre nuestra Carta Magna: "La ideología liberal impregna la Constitución y el sistema político". Esta enciclopedia alega que "los poderes del monarca están limitados y (…) la división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es el eje del sistema político". Sospecho que en realidad la Constitución de 1978 contiene solamente una línea liberal, la del art. 33.1: "Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia".

En efecto, la idea de esa línea es liberal por excelencia, porque se reconoce lo que ya existía, y si el derecho ya existía, la ley no puede quebrantarlo. Es la idea central de Bastiat: no somos libres porque tenemos leyes, sino que tenemos leyes porque somos libres. Esta idea ha sido una y otra vez violada en mayor o menor medida por todos los regímenes políticos, que en vez de limitarse a reconocer libertades y derechos ya existentes, originados en los tratos y contratos voluntarios de los ciudadanos con sus propiedades, han procedido a "extender derechos" tras la falaz noción de que la sociedad puede e incluso debe condicionar aquellos contratos y propiedades. De hecho, a continuación del artículo que hemos mencionado, nuestros constituyentes desanduvieron lo andado: primero reconocieron la propiedad y la herencia, y acto seguido las vulneraron con el art. 33.2: "La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes". Ya estamos listos. La "función social" no es más que una entelequia que será interpretada por el poder de manera oportunista y acomodaticia, de modo que finalmente la propiedad de los ciudadanos sólo estará segura en tanto y en la medida en que las autoridades lo juzguen pertinente y adecuado a sus intereses políticos.

Y eso fue lo que sucedió. Mientras se cantaban reiteradas loas a los derechos supuestamente conquistados y garantizados por la Constitución y la democracia, España padeció un apreciable recorte de las libertades. En menos de veinte años la presión fiscal, medida por el peso del gasto público en el PIB, pasó del 20% al 50%. Esto no sólo no se hizo contraviniendo la Constitución sino cumpliendo escrupulosamente sus preceptos, puesto que el texto está repleto de mandatos a los poderes públicos para que incrementen el gasto con toda clase de objetivos plausibles. Los viejos del lugar recuerdan que cuando Julio Anguita subía a la tribuna del Congreso de los Diputados a exigir más gasto público, más impuestos y menos libertad; jamás lo hacía blandiendo un ejemplar de El Capital sino uno de la Constitución, en el que señalaba que tal o cual "derecho" no se había concretado aún, obviamente porque los impuestos no habían subido lo suficiente.

Dirá usted que la obligación de pagar impuestos está limitada por el art. 31.1: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". El que no se consuela es porque no quiere. Dejemos de lado lo discutible que resulta la justicia de la progresividad tributaria, y veamos el límite de la confiscación. Confiscar significa penar con privación de bienes, que son asumidos por el fisco. En la medida en que aún conservamos los ciudadanos parte de nuestras posesiones y libertades, se cumple el art. 31.1. Lo más escalofriante del asunto, empero, es dónde se sitúa el límite de la coacción. En una sociedad liberal, ese límite está establecido primero por las libertades y derechos de cada ciudadano, y sólo en segundo lugar por consideraciones de carácter colectivo.

Esa prioridad ha sido obliterada en España como en el resto del mundo y ha dado lugar a su inversa: prima la colectividad sobre el individuo. La trampa se completa arguyendo que la democracia es la expresión del pueblo, que como no puede actuar contra sí mismo delega en sus autoridades la decisión final de qué hacer con los bienes de todos. Los ciudadanos podrán despotricar contra los políticos, y despreciarlos en muchos casos, pero esta inversa clave ideológica no es puesta en cuestión: se delega en las Administraciones Públicas para que, como repite el pensamiento único, "resuelvan los problemas de los ciudadanos". Rara vez o nunca se considera que esa delegación y esas Administraciones constituyan ellas mismas un problema. El límite de la coacción, por tanto, se desplaza hacia el poder: él es quién lo determina, y el cuidado de sus propios intereses electorales es lo que explica que la presión fiscal no llegue al 100%, sino "apenas" a una franja de en torno al 40-50%.

Este sistema, que es regla de todas las naciones democráticas, no es matizado ni mucho menos rebatido por ningún partido que tenga posibilidades de gobernar, y es lo que explica la notable confluencia de los mensajes partidistas. En España, sencillamente da igual el partido que uno vote, porque el respaldo al Estado intervencionista y redistribuidor consagrado en la Constitución de 1978 es uniforme, idéntico y total.

Sólo la pérdida del espíritu liberal explica la idolatría de las constituciones, que jamás han sido per se y en última instancia garantes de la libertad y limitadoras del poder. Todos los países las tienen, desde las dictaduras más repugnantes hasta las naciones más respetuosas de la integridad de las personas. España y los países de América Latina, por ejemplo, han tenido a lo largo de su historia muchas constituciones, que no han promovido precisamente un destacado respeto a la libertad. Dirá usted, al menos nos queda la norteamericana. Me permito recordar que tampoco ella ha impedido las incursiones del poder sobre las vidas y haciendas de sus súbditos. Verbigracia, cuando se pretendió en 1909 introducir el impuesto sobre la renta personal en Estados Unidos y se comprobó que era inconstitucional, el inconveniente fue solventado planteando una enmienda que fue finalmente aprobada en 1913. Es la número 16, que escuetamente dice: "El Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, sea cual fuere la fuente de que provengan, sin prorratearlos entre los diferentes Estados y sin atender a ningún censo o recuento".

Como ha dicho Anthony de Jasay: "si una Constitución es necesaria, no será aplicada; y si es aplicada, es que no es necesaria". Es la sociedad civil lo que cuenta son los valores de los ciudadanos y su rechazo e indignación ante las usurpaciones legales y políticas. Si están dispuestos a aceptar esas usurpaciones, entonces las constituciones tendrán una línea liberal, o ninguna; si no están dispuestos, habrá muchas. Pero en ambos casos dará igual.

Medio siglo antes que de Jasay, pero en un sentido similar, proclamó el célebre juez Learned Hand: "La libertad yace en los corazones de los hombres y las mujeres. Cuando muere allí, no habrá constitución, ni ley, ni tribunal que puedan salvarla. Y mientras allí viva, no necesita ninguna constitución, ni ley, ni tribunal que la salven".

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