El Referéndum Revocatorio para acabar con el largo mandato de Hugo Chávez, que ya se acerca a los seis años, ha traído frustración a sus opositores y poca alegría a sus propios partidarios: realizado con un sistema electrónico poco transparente, que nunca se auditó en forma seria y sistemática, sus resultados han mostrado un triunfo de un gobierno en el que pocos creen. Una buena proporción de la ciudadanía, de esa misma gente que el domingo 15 hizo colas de hasta doce horas para votar -motivada por su deseo de acabar con un régimen corrupto y empobrecedor- está segura ahora de que se ejecutó un enorme fraude, sutil en su mecanismo, pero no por eso menos gigantesco y abrumador.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigido por partidarios decididos del gobierno, preparó deliberadamente un sistema de votación complicado en el que, al final, resultó fácil manipular los votos y presentar una imagen que pudiera ser aceptada por los observadores internacionales: se instalaron máquinas "cazahuellas" colocadas supuestamente para impedir que las personas votaran dos veces, pero que hicieron el proceso indeciblemente lento; un software para el conteo de los votos que, al final, nunca pasó por auditoría alguna; un padrón electoral abultado por ciudadanos naturalizados a última hora por parte del comando chavista; cambios en las direcciones de los electores, que impidieron a muchos votar por aparecer en mesas de otras regiones diferentes a las que viven; y, apenas dos días antes, la sustitución imprevista de 20.000 miembros de mesa ya designados, que fueron suplantados por personal adicto al chavismo.
Jimmy Carter y el Secretario General de la OEA, César Gaviria, terminaron pasando por alto todas estas irregularidades, se conformaron con una verificación de votos muy limitada y bien manipulada por el CNE y, como podía esperarse, dieron vuelta la página y pasaron a ocuparse enseguida de otros asuntos.
La oposición, hay que admitirlo, no pareció comprender cabalmente la naturaleza de lo que se estaba fraguando. Colocada en una posición difícil, fue cediendo a cada una de las exigencias oficialistas, confiando tal vez excesivamente en el interés y la imparcialidad del Centro Carter y de Gaviria, aceptándolo todo para mostrar su buena fe democrática y no entorpecer más un proceso al cual el gobierno llegó con mucha renuencia. La estrategia, por desgracia, no funcionó: a la hora final se encontró con las manos atadas, habiendo aceptado todas las absurdas exigencias del CNE –que para colmo cambiaban a cada rato– sin armas para demostrar el brutal fraude que se estaba cometiendo.
Venezuela ha retornado así al punto inicial, a la misma situación de crisis que vive desde comienzos de este siglo: quienes defienden a Chávez, en general con poco entusiasmo, seguirán esperando que el gobierno les siga entregando las dádivas que salen de un presupuesto abultado por los altos precios petroleros, ilusionados por su retórica nacionalista y sus desplantes demagógicos; quienes se oponen seguirán, de un modo u otro, en la lucha contra un régimen que consideran ya ilegítimo y contaminado por el más desvergonzado fraude electoral.
Digan lo que digan las cifras del CNE, la oposición se sigue sintiendo mayoritaria y, peor aún, se considera ahora burlada, aislada de cualquier apoyo internacional, sin caminos posibles para manifestar su descontento y sus deseos de cambio. Su vocación pacífica y democrática es, hasta el momento, la mejor garantía de que Venezuela podrá seguir como hasta ahora, dividida pero sin llegar a la violencia generalizada, enfrentada a una dictadura que mantiene cierta fachada legal y deja espacio para la disidencia, paralizada en el fondo porque no acepta el proyecto autoritario que se le quiere imponer. 
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Carlos Sabino es corresponsal de la agencia AIPE