Han vuelto las oscuras golondrinas y los niños en el cole de enfrente con sus chillidos de madrugada, se reabren estancos y ultramarinos, las chicas más guapas que nunca por las calles, bronceadas y provocantes, han vuelto los amigos y el teléfono vuelve a sonar, pero sobre todo ha llegado la temida, esperada, jaleada por la izquierda, rentrée sociale. Este país desmemoriado sólo recuerda catástrofes, y derrotada en las urnas, la izquierda espera vengarse en la calle amenazando con una vuelta a 1995, cuando los funcionarios se pusieron en huelga, logrando arrastrar en sus manifestaciones hasta a los parados, cuyos intereses eran radicalmente opuestos.
Pero el hombre no sólo vive de pan, también de mentiras; y el PS derrotado en 1993, mucho más severamente que ahora, volvió al poder en 1997, esencialmente por culpa de Chirac, y fácil resulta imaginar que en sus universidades veraniegas, los sociatas y sus conflictivos aliados se hayan hecho ilusiones: si la rentrée sociale es dura, con huelgas y manifestaciones, como en 1995, puede que también ganemos en 2007. Lo malo es esa esperanza para la oposición se convierte en temor para el Gobierno, pero sobre las mismas bases, promover/evitar los disturbios sociales.
François Fillon, ministro de Trabajo, quien hasta ayer por la tarde era un lugarteniente de Philippe Seguin, líder de una corriente ultrasoberanista y “social” del RPR –otro náufrago de estas elecciones (las comillas de “social” indican que significa estatal)– sólo parece tener como objetivo evitar las huelgas, y en absoluto mejorar la situación económico-social, cuya exigencia primera, después de tantos años de rígida burocracia estatal, sería mayor flexibilidad; más libertad, en suma, y menos impuestos. Lo cual no excluye, en absoluto, un aumento del salario mínimo, mantenido por los suelos por el gobierno Jospin.
El señor Seillière, presidente de la patronal MEDEF, ha protestado públicamente, el Gobierno no se atreve a hacer la menor reforma, las medidas propuestas son timoratas y burocráticas, incapaces de dar impulso a la economía y de crear empleo. No nos llamemos a engaño, el “patrón de los patronos” tiene, no sólo el derecho, sino el deber de defender los intereses variopintos de los empresarios, que no siempre coinciden con los de los trabajadores, obvio, ni los de las PYMES con los de las “secciones francesas” de las multinacionales, y si Michelin, enfrentado a problemas político-sindicales en Francia, puede instalar su fábrica más moderna y automatizada en España, casi ninguna PYME puede hacer lo mismo. Es cierto que el Gobierno, por los motivos expuestos, es architimorato, y ni siquiera ha suprimido la famosa ley franquista, calificada de “modernización social”, que pretende prohibir todo despido.
Lo que me ha llamado la atención, una vez más, y aparte de los sibaritismos contables –en relación, por ejemplo, con la tan traída y llevada ley de las 35 horas, que se trataba, por lo visto, de “suavizar”–, es que François Fillon parece haberse convertido a sus encatos, y no la toca, o sólo lo hace para acariciarla, únicamente se discute la posibilidad e aumentar las horas extras para quienes “quieren trabajar más para ganar más”, según palabras presidenciales. Ciento treinta horas al año había impuesto la dictadora Aubry, con su visión cuartelaria de la sociedad, y para todas las empresas, claro. Y ahora se discute desde arriba, sin consultar a los primeros interesados, trabajadores y empresarios, si se va a pasar de 180 o 200 horas extras anuales, sin tener en cuenta para nada la diversidad de las empresas, de las familias, de los individuos, con tal de guardar las riendas de todo y evitar los dislates. Luego se gargarizan con aquello del “diálogo social”. ¡Diálogo de sordos!
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