Francia, que era la mejor amiga de los países musulmanes, se ha convertido de la noche a la mañana en enemiga, debido a la estrafalaria polémica en torno al velo islámico. Todo el mundo arabomusulmán se ha manifestado contra Francia, lo cual demuestra la importancia simbólica que tiene el dichoso pañuelito para los islamistas, que ya habían logrado un inicio de "coronación", en las escuelas, hospitales, municipios franceses, en principio laicos y republicanos.
Durante años, las autoridades han observado la política del avestruz, pero un avestruz a la vez ciega, sorda y muda, y cuando los imanes imponían a las chicas no seguir ciertos cursos, contrarios al Corán, o prohibían que médicos varones cuidaran a sus mujeres encintas, o cuando se toleraba la mutilación del clítoris de las niñas, o cuando la Seguridad Social subvencionaba la poligamia, al mismo tiempo se les mantenía en un apartheid de hecho: "Que hagan lo que quieran, es su fe, son sus costumbres, pero que no se metan en cosas serias". Guinda de ese pastel podrido, el gafe de Sarkosy crea el Consejo del Culto Musulmán, dominado por los fundamentalistas.
Todo ello, evidentemente, tenía que explotar, y ha explotado, el sábado 17 de enero, con las manifestaciones tan abiertamente integristas, antisemitas, antidemocráticas. De pronto, la clase política y los medios parecen despertarse y descubrir que existe un peligro. Hasta Le Monde, que hace cosa de un año, en una encuesta sobre el antisemitismo en Francia, afirmaba que no existía, salvo en grupitos de extrema derecha (cualquier cosa, mariposa), y concluía que, en cambio, existía un "peligro de islamofobia", acaba de descubrir el Mediterráneo, o sea, que el islamismo radical existe y constituye un peligro real. ¡A buenas horas, mangas verdes!.
Los servicios públicos van de nuevo a la huelga. Hoy es la SNCF, mañana será EDF, Gas de France y los Hospitales (Correos está en huelga endémica, desde hace años). Como siempre, los motivos son varios, y el aumento de salarios es uno de ellos. Monsieur Gallois, director de la SNCF, no los ha aumentado en 2003, porque, dijo, las huelgas de la pasada primavera han costado tanto a una empresa deficitaria, que era imposible.
Ésta y otras previstas huelgas serán buenos pretextos para tampoco aumentarlos en 2004. En realidad, los motivos profundos no son esos, o no sólo; todos los funcionarios de los servicios públicos temen el cambio de su estatuto y la pérdida de sus privilegios, que son considerables. Temen la privatización, pero no estoy seguro de que se den cuenta de que sus huelgas incesantes han convencido a la opinión pública de que una reforma es necesaria, y, por ejemplo, la puesta en marcha de un servicio mínimo en los transportes, exigencia asimismo mínima de los usuarios. Dicho deprisa y corriendo, estas huelgas van a favorecer las reformas, en vez de impedirlas, como sueñan los funcionarios –proletarios privilegiados–.